“El TC da la razón a Unidos Podemos, desmantelando la estrategia de PP y PSOE de impedir la remunicipalización de servicios privatizados. A partir de ahora la absorción de las plantillas de las empresas que prestan servicios públicos privatizados no será un obstáculo para su recuperación”
12/11/2018.- En reciente sentencia, el Tribunal Constitucional (TC) ha dado la razón a Unidos Podemos al declarar inconstitucionales dos disposiciones adicionales introducidas por el PP en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 que impedían que las plantillas que trabajaban en los servicios privatizados que se pretenden rescatar se incorporaran a la administración bajo ninguna de las figuras que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público, hecho que, a su vez, impedían enormemente la remunicipalización de servicios en los Ayuntamientos.
El gobierno del PP de Mariano Rajoy pretendió blindar los servicios municipales prestados en concesión administrativa por las grandes empresas y multinacionales como por ejemplo AQUALIA y que ahora, gracias al recurso presentado en su día por Unidos Podemos, el TC ha dejado sin efecto, desmantelando la estrategia del PP, seguida también por el PSOE, de utilizar a los trabajadores como obstáculo de cara a la municipalización de servicios.
Precisamente, el PSOE de Irene García, presidenta de la Diputación, concejala de Sanlúcar de Barrameda a través de la Subdelegación de Gobierno de Cádiz, basándose en las disposiciones del PP ahora anuladas por el TC, recurrió contra la decisión del gobierno del Ayuntamiento de Cádiz de recuperar el servicio municipal de playa privatizado por el PP, explica la portavoz de IU, Carmen Álvarez.
Recuerda Álvarez que “Irene García junto a Juan Marín (C’s), antes de abandonar la alcaldía de Sanlúcar, privatizó casi todos los servicios municipales, que desde entonces están jalonados con toda clase de irregularidades, sobre todo el ciclo integral del agua, que el actual alcalde de la ciudad, Víctor Mora, se esfuerza obviar por acción u omisión, cuando no, en justificar. No obstante, Mora ya no tiene excusa alguna para personar al Ayuntamiento como acusación particular en el proceso judicial contra AQUALIA por presuntos fraudes, entre otros delitos abiertos a iniciativa de IU Sanlúcar, avalados por resolución de la Junta de Andalucía quedando corroborado lo denunciado por IU Sanlúcar ”
Para IU, manifiesta Carmen Álvarez, la decisión del TC da un espaldarazo a los procesos de recuperación de los servicios municipales privatizados en manos de multinacionales, sobre todo el del agua, con el objetivo de que sea un servicio público de gestión directa desde lo público, una opción que en la inmensa mayoría de las ocasiones resulta más democrático y eficiente, de mayor calidad y más barato.