IU: “Esta rebaja de impuestos será a costa de disminuir el dinero para el mantenimiento del gasto social tan necesario en nuestra comunidad autónoma.”
11/04/2019.- Para IU, como era de esperar, la “rebaja masiva” de impuestos que ha aprobado el gobierno andaluz del PP-Cs apoyado por Vox beneficiara principalmente a las rentas más altas y sufrirán las consecuencias que originará la menor recaudación los andaluces que por sus circunstancias económicas y sociales tienen que recurrir a los servicios sociales.
La práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, solo beneficiará a las clases más privilegiadas de Andalucía, que son las que dejan en herencia más patrimonio. La clase trabajadora ya de por sí estaba exenta de este impuesto cuando el límite de lo heredado estaba situado en 250.000 euros. La elevación del limite a 1 millón de euros en la pasada legislatura por acuerdo entre PSOE y Cs y la eliminación ahora del impuesto representa que sean solo las clases económicamente más privilegiadas quien se beneficien de dicha eliminación del impuesto.
Por otra parte, la eliminación de tramos impositivos en el IRPF, hace que este impuesto pierda la característica esencial de la progresividad y, sea por tanto, más injusto. Nuevamente a las rentas que se encuentren en la parte superior de cada tramo, verán como tributaran a un porcentaje sensiblemente inferior. De esta manera los trabajadores, pensionistas y autónomos apenas notaran en sus bolsillos el efecto de la rebaja de este impuesto.
Sirva como ejemplo, que antes de la rebaja, el tramo entre 20.000 y 28000 tributaban al 15% y el tramo entre 28.000 y 35.000 tributaban al 16,5%, ahora al unificarse ambos tramos, 20.000 y 35.000 tributan al 15%, por lo que han salido beneficiadas las rentas comprendidas entre 28.000 y 35.000 euros.
Para IU, esta injusta rebaja de impuestos necesariamente será a costa de disminuir el dinero para el mantenimiento del gasto social, y por tanto, de la mejora de estos recursos, perjudicando a los andaluces en situación precaria, que se ven obligados a recurrir a los servicios sociales, a la dependencia, a la educación y sanidad públicas.