La portavoz de IU, Carmen Álvarez, ha mantenido un encuentro con varias familias, en riego de exclusión social, que tienen notificados los lanzamientos de las viviendas en las que habitan en Las Corralas de la calle Alcoba.
En este sentido, hay que recordar que Sanlúcar en octubre de 2015 fue declarada, por acuerdo plenario, ciudad libre de desahucios y este gesto, a juicio de la portavoz de IU, “debía traer consigo responsabilidades por parte del gobierno y su implicación directa en la mediación para solucionar casos concretos, por un lado, y en la puesta en marcha de políticas que apostaran por garantizar el derecho a la vivienda que recoge la Constitución”.
Desde IU se recuerda que la Oficina de la Vivienda ya no tiene contratada la abogada que defendía a estas familias, por lo que muchas personas no cuentan con asesoramiento a la hora de realizar los trámites ante el Juzgado cuando se abre un expediente de desahucio. De este modo, Álvarez deja claro que es fundamental que la Oficina de Vivienda Municipal cumpla con la labor social para la que fue creada y que le corresponde y que ofrezca el servicio de asesoramiento jurídico gratuito a los sanluqueños y sanluqueñas que lo necesitan. Por ello, la edil exige que se inicie, de forma limpia y transparente, el proceso de contratación de un abogado/a en dicha oficina.
Además, desde IU se solicita que desde la administración local se hagan de oficio informes sociales y que los entregue en el Juzgado con el mismo número de procedimiento de la familia, para determinar e informar a la Justicia quién se encuentra en riego de exclusión social, para que se le aplique el decreto anti-desahucios, puesto en marcha por el Gobierno Central, para evitar los lanzamientos. Desde Izquierda Unida se sigue insistiendo en que la Oficina de Vivienda debe trabajar de la mano con los servicios sociales municipales, para analizar la situación real de cada familia afectada, para conocer pormenorizadamente a las personas y familias que se enfrentan a posibles desahucios y establecer los mecanismos necesarios para evitarlos, en los casos que existe riego de exclusión social.
Por otro lado, Álvarez deja claro que es imprescindible que se facilite desde servicios sociales el empadronamiento de las familias en riesgo de exclusión social que se encuentran en estas situaciones, ya que de lo contrario no pueden tramitar ayudas como el Ingreso Mínimo Vital. La edil deja claro que “no entendemos las razones por las que la trabajadora social adscrita a la unidad de vivienda se niega a tramitar, en muchas ocasiones, la certificación de empadronamiento”.
Asimismo, desde IU se insiste en que es fundamental que se llegue a un acuerdo con las entidades bancarias para que se pueda ofrecer alquileres sociales, y que el Ayuntamiento aporte la parte económica que le corresponda, en el caso de las familias en riego de exclusión social. Y es que, tal y como apunta Álvarez, existe un gran número de viviendas vacías propiedad de los bancos. Para ello, insiste en que es fundamental que exista voluntad política por parte del equipo de Gobierno del PSOE de Víctor Mora y Cs de Javier Porrúa, algo que IU ha solicitado en muchas ocasiones en el pleno.
Por otro lado, Álvarez recuerda que Sanlúcar sigue sufriendo un gran déficit de viviendas sociales. Los sanluqueños y sanluqueñas no pueden acceder a una vivienda digna porque el Ayuntamiento no cuenta con una política clara, realista y eficaz en materia de vivienda. De hecho, en Sanlúcar no se construyen viviendas sociales desde 2007, por lo que existe un gran déficit de vivienda asequible en la ciudad, lo que provoca que muchas familias se vean literalmente en la calle. Hay que recalcar que IU ha elevado varias propuestas a pleno solicitando inversiones en materia de vivienda.
En definitiva, la edil deja claro que el equipo de Gobierno PSOE-Cs no tiene una línea política planificada en materia de vivienda. No media con las entidades bancarias, no se sabe cuántas viviendas hay en Sanlúcar en manos de los bancos pese a las mociones aprobadas en pleno que lo exigen, no se negocia con los bancos la disposición por parte de éstos de viviendas mediante alquileres sociales a quienes no tienen recursos para afrontar un alquiler convencional o a quienes se ven obligados a ocupar una vivienda de su titularidad, no se construyen nuevas viviendas sociales y no hay una implicación directa desde lo público.