Más de un centenar de trabajadoras que han llevado a cabo un trabajo muy importante para los sanluqueños como es el servicio de atención a las personas dependientes y de ayuda a domicilio, servicio
Más de un centenar de trabajadoras que han llevado a cabo un trabajo muy importante para los sanluqueños como es el servicio de atención a las personas dependientes y de ayuda a domicilio, servicio que ha venido siendo gestionado por la empresa Claros desde hace años a través de un contrato con el Ayuntamiento, vienen sufriendo vulneraciones constantes de sus derechos laborales por dicha empresa, todo ello con la pasibilidad y el silencio cómplice del Gobierno Local de PSOE y CIS.
Es inaceptable que el alcalde Víctor Mora (PSOE) y Juan Marín (Cis) no exijan a la empresa que cumpla las condiciones pactadas con la empresa adjudicataria y los derechos laborales de sus trabajadoras. Los retrasos en el pago de la nómina mensual son constantes y generan situaciones tan inaceptables como que algunas de ellas se vean obligadas a acudir a Cáritas para obtener leche para sus hijos.
El tiempo que transcurre entre que una trabajadora sale de un servicio en la Calle Ancha y llega a otro servicio en Bonanza no puede ser un tiempo que no se cobre; los cuadrantes de trabajo deben de recoger un tiempo lógico para ir de un sitio a otro. De lo contrario nos encontramos con trabajadoras que cobran 20 horas a la semana pero trabajan 25. Eso es un enriquecimiento injusto por parte de la empresa que genera estrés en las trabajadoras y reduce la calidad del servicio a los sanluqueños.
La licitación que se produjo por contrato administrativo a finales de 2013 ha desembocado en una adjudicación a una nueva empresa (Arquisocial), que está siendo puesta en duda en diferentes administraciones por parte de la empresa perdedora (Claros). Esa situación de interinidad crea cierta inseguridad que debe ser solventada a la mayor brevedad posible. Lo que desde IU Sanlúcar queremos reclamar a la adjudicataria definitiva es que cumpla con la calidad que un servicio esencial como este debe tener y que se respeten los derechos de las trabajadoras tal y como están recogidos en el convenio colectivo marco.
Todo esto se solucionaría con el adecuado control municipal por parte de Servicios Sociales, al margen de que el objetivo de IU Sanlúcar sea rescatar este servicio privatizado para gestionarlo desde lo público a través de Emuremasa, tal y como ya explicamos en otra moción de enero de 2013 y tal y como se contempla en el “Borrador de Programa Electoral” con el que IU Sanlúcar concurrirá a las elecciones municipales.
IU siempre está a favor de la estabilidad en el empleo. Estamos en contra de las reformas laborales que han realizado tanto Zapatero (PSOE) como Rajoy (PP). IU cree que hay que gestionar desde lo público con todas las garantías de forma que los servicios públicos sean de calidad. Las trabajadoras desde siempre han estado intentando ser amedrentadas desde la empresa y desde el equipo de gobierno PSOE/CIS y suelen intentar coartar sus libertades sindicales amenazándolas con despidos.
Hay que articular mecanismos efectivos para que los controles municipales sobre la adjudicataria garanticen la calidad del servicio y los derechos de las trabajadoras. Las trabajadoras deben tener la posibilidad de hablar directamente con los servicios sociales municipales, sin intermediarios.
Una vez finalizó el contrato con la empresa Claros, era el momento ideal para rescatar el servicio, para municipalizarlo a través de Emuremasa, sin embargo, PSOE y Cis prefieren seguir privatizando el servicio. Hay que iniciar los procedimientos legales para, a la mayor brevedad posible sin que exista lucro cesante para ninguna adjudicataria, comenzar a gestionar este servicio desde Emuremasa.
Desde Izquierda Unida lamentamos que PSOE y Cis volvieran a vetar todas las mociones que IU había presentado para el Pleno de 30 de octubre, entre las que había una que trataba sobre las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y también lamentamos que el Alcalde no quisiese responder en el Pleno a las reclamaciones de un grupo de trabajadoras del servicio que pedían que se posicionara.