La concejala y portavoz de IU Sanlúcar denuncia el primer paso de una privatización encubierta de la sanidad que está poniendo en marcha, en plena pandemia, el Gobierno de Bonilla y Juan Marín. Los sanluqueños y sanluqueñas dejan de tener el hospital público de Jerez como centro de referencia en favor del Virgen del Camino, propiedad de la familia Pascual
15/05/2020 – Con el máximo secretismo y sin contestar preguntas de la oposición, el Gobierno andaluz da un nuevo paso en su proyecto privatizador de la sanidad pública al ordenar a los centros de atención primaria de 14 municipios gaditanos de los distritos Jerez-Costa Noroeste-Sierra y Bahía de Cádiz-La Janda que deriven las consultas de hasta 15 especialidades médicas a una empresa privada, perdiendo los hospitales públicos su condición de centro de referencia para estos pacientes. Esta medida, afirma la concejala y portavoz municipal de Izquierda Unida Sanlúcar Carmen Álvarez Marín, afecta de lleno a Sanlúcar puesto que dejaremos de acudir a las consultas en el hospital público de Jerez para pasarlas en el Virgen del Camino, propiedad de la familia Pascual, el mayor holding sanitario de Andalucía y que cuenta con tres centros privados en la provincia. La representante de IU ha preguntado en Junta de Portavoces por esta cuestión a los grupos municipales de PP y Ciudadanos, socios en la Junta, para que manifiesten una defensa del interés general y del derecho de los sanluqueños y sanluqueñas a mantener su centro de referencia. “Por parte del PP, hemos tenido la callada por respuesta en la citada Junta de Portavoces”, anuncia la representante de IU.
Carmen Álvarez lamenta que con la excusa de retomar la actividad en las consultas tras el parón provocado por la crisis sanitaria y el estado de alarma “la Junta ha llevado a cabo esos cambios en los distintos distritos sin dar explicaciones” para preguntarse a continuación “si no hemos aprendido nada de la dura lección que nos ha dado esta enfermedad. El desmantelamiento de la sanidad pública en favor de la privada en otras comunidades ha provocado el colapso del sistema y una mayor incidencia de la enfermedad. La Junta lo va a poner en práctica en el momento menos adecuado”.
La edil cree que este movimiento del Ejecutivo autonómico va “en dirección contraria de las reivindicaciones de los profesionales y del sentir mayoritario que la ciudadanía ha reclamado en los balcones y que paga sus impuestos para ser atendidos en la sanidad pública y no en una empresa de servicios sanitarios”. Además, denuncia que “el paciente pierde su derecho a la libre elección de facultativo” al tener que acudir a un centro de referencia privado-concertado. IU ya presentó en enero pasado una moción a Plena en defensa de la sanidad pública, criticando los recortes que la Junta había planteado en los centros sanitarios de la ciudad y en apoyo a la Marea Blanca.
Carmen Álvarez termina afirmando que “no vamos a permitir que esto ocurra” ya que es momento de “blindar la sanidad pública porque ha respondido al máximo nivel en la atención a los afectados y con pocos medios técnicos y de protección en una crisis como la que estamos viviendo. Dejemos de financiar con dinero público a empresas privadas y conciertos que tienen unos intereses particulares, alejados por lo común, del interés general. Exigimos a la Junta que de marcha atrás en esta decisión porque de lo contrario, el pueblo de Sanlúcar estará luchando por defender una sanidad de calidad cien por cien pública. Los señores Bonilla y Juan Marín deben saber que con la sanidad de nuestros vecinos y vecinas no se juega y ese debe ser uno de los puntos básicos en esa comisión de reconstrucción económica y social de la que tanto alardean”.