La semana pasada hemos sabido que la presidenta de la Diputación, Irene García, ha empezado su gestión al frente de la institución pagando favores, contratando como funcionarios de empleo en el ent
La semana pasada hemos sabido que la presidenta de la Diputación, Irene García, ha empezado su gestión al frente de la institución pagando favores, contratando como funcionarios de empleo en el ente provincial al hijo del secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, al todavía secretario general del PA, Antonio Jesús Ruiz y como asesor económico a Francisco Collado.
Al primero, es posible que para buscarse los apoyos necesarios del aparato andaluz de su partido para próximas listas electorales. El segundo, como vergonzoso pago por permitirle ser presidenta de la Diputación, que el susodicho ha aceptado al mejor estilo Prats.
La contratación de Francisco Collado como asesor económico, después de que este señor tuviese que ser cesado como funcionario de empleo del Ayuntamiento de Sanlúcar es de una desvergüenza política sin parangón. IU denunció la ilegalidad que suponía que la empresa Action Cat Consulting, propiedad de Francisco Collado, había sido contratada para la realización de las ‘Escuelas municipales de verano y otras vacaciones’, siendo además la oferta más cara de las aspirantes, mientras este señor era funcionario de empleo del ayuntamiento. El equipo de gobierno PSOE-C’S reaccionó rescindiendo el contrato con la inexplicable excusa de «una incompatibilidad sobrevenida desconocida por las partes», siendo posteriormente Collado cesado sin más explicaciones por el alcalde Víctor Mora.
IU exigió una Comisión de Investigación, ya que la incompatibilidad no fue “sobrevenida” sino que existía desde el principio del contrato y era conocida tanto por la delegada de enseñanza, Elena Sumariva, como por la concejal de contratación, Inmaculada Muñoz, y por el Alcalde, Víctor Mora, así como por el propio interesado, obviamente, y aun así firmaron un contrato que surtió efectos durante dos o tres meses en verano hasta que se rescindió. Comisión de investigación que fue rechazada por PSOE y C’S, siendo Juan Marín portavoz municipal de su organización política, por lo que IU no tuvo más remedio que presentar escrito en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que correspondía, a fin de aclarar los hechos por si pudiesen ser constitutivos de delitos, entre los que podrían estar: malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
Recientemente hemos sabido que en la primera semana de agosto el juzgado de instrucción nº 1 de Sanlúcar ha enviado al Ayuntamiento escrito de solicitud de testimonio integro del procedimiento de licitación para la Escuela de Verano y otras vacaciones, iniciativa dentro de las diligencias previas por la denuncia presentada por IU. Es decir, el juez instructor requiere al Ayuntamiento el expediente completo de licitación de las Escuelas de Verano.
Esta coincidencia puede hacer pensar que la presidenta de la Diputación ha decidido contratar a Collado como asesor económico presuntamente como compensación por su cese precipitado como funcionario de empleo en el Ayuntamiento de Sanlúcar y para garantizarse su silencio cómplice, silencio tan necesario en estos momentos. Ya que el nuevo asesor económico de Irene García, pese a su «altísimo nivel profesional» incomprensiblemente desconocía que su condición de funcionario de empleo del ayuntamiento era incompatible para contratar servicios con el mismo, ha pasado de cobrar 23.000 euros del Ayuntamiento por un supuesto asesoramiento económico nunca demostrado a cobrar ahora 53.000 de la Diputación. Al parecer la incompetencia, las ilegalidades y el silencio cómplice, el PSOE lo sabe retribuir bien.