En la mañana de hoy, los concejales de IU han participado en la concentración en apoyo a las mujeres que encabezan la lucha de las Corralas de la Dignidad, que tuvo lugar en la Plaza Antonio Pigafetta, desde las  10 hasta las 13 horas.

 

Las familias que habitan en las viviendas propiedad de los bancos, Corrala de Los Ángeles y Corrala de Bonanza tienen próximamente un juicio por un delito de usurpación, los días 28 y 29 de marzo.

 

La Oficina recientemente creada en Sanlúcar para la Defensa del Derecho a la Vivienda Digna no está sirviendo para la intermediación con las entidades financieras que desahucian a quienes no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas. La Oficina funciona a modo de oficina posdesahucios, en tanto que se centra en la última fase, en la etapa en la que las familias van a ser desalojadas, promoviendo respuestas coyunturales centradas en el ámbito de los servicios sociales, que no soluciones a medio y largo plazo para estas familias. Hay que evitar, mediante la intermediación, que se desahucie a personas que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas, no intervenir sólo cuando el desahucio se ha producido o está a punto de producirse.

 

Exige una solución habitacional a quienes verdaderamente se encuentren en situación de emergencia social para lo que exige al ayuntamiento que determine con informes de los técnicos de servicios sociales qué personas ocupantes de viviendas se encuentran en situación de exclusión social.

 

Por este motivo, el grupo municipal de IU llevó al Pleno de febrero una moción en la que se solicitó que la abogada de la Oficina de la Vivienda Digna asesore a estas familias, que sea la Oficina de la Vivienda Digna la que medie con las entidades bancarias, propietarias de esas viviendas, para ofrecer un alquiler social a las familias que los técnicos municipales hayan determinado que estén en riesgo de exclusión social e instar a la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía inversiones en Sanlúcar en materia de vivienda.

 

 

Además, IU lamenta que Sanlúcar, una vez más, no reciba inversiones y programas en materia de vivienda por parte de AVRA, la empresa pública de la Consejería de fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que sí van a recibir otros municipios vecinos como Rota o Jerez, esta última localidad, beneficiada con una inversión de 5,5 millones de euros en materia de Vivienda de Protección Oficial.