A nadie pudo extrañar que la primera medida de recorte emprendida por el equipo de Gobierno PSOE-CIS fuese la de disolver la empresa municipal de vivienda (Emuvisan) y
A nadie pudo extrañar que la primera medida de recorte emprendida por el equipo de Gobierno PSOE-CIS fuese la de disolver la empresa municipal de vivienda (Emuvisan) y dejar a sus trabajadores en la mayor de la indefensión. A un equipo de gobierno desinteresado en la construcción de viviendas de protección oficial y sociales (en 5 años no se ha construido una solo vivienda social en Sanlúcar), Emuvisan le sobraba de todas a todas, como se pudo comprobar poco después con la recalificación de los terrenos de Carranza facilitando una más que presunta operación especulativa.
El portavoz municipal afirma que para IU, la empresa municipal de la vivienda podría ser una buena y eficaz herramienta para la construcción de viviendas sociales y de protección social, por eso estuvimos en contra de su disolución y por eso estamos en contra de la modificación presupuestaria que presenta el Equipo de Gobierno. Esta modificación presupuestaria supone, además, que la liquidación de Emuvisan, fruto de la pésima gestión de PSOE y CIS, la paguen los 900 propietarios de las viviendas de la Barriada del Palomar a través de los cerca de 400.00 euros provenientes de los cobros realizados por dichos propietarios.
La alcaldesa, incapaz de llevar a cabo una mínima gestión coherente en materia de vivienda, quiere hurtarle a estos vecinos sus aportaciones, que según lo estipulado en el convenio firmado en su día debían ser un 75% de lo cobrado para la conservación de las viviendas de la barriada y el 25% restante a gastos de mantenimiento y administración de EMUVISAN. Irene García, en su errático proceder va a terminar haciendo bueno al exalcalde de triste recuerdo para la ciudad y también de su partido, Agustín Cuevas.
Para IU los fondos de las 900 viviendas del Palomar deben seguir destinándose a los fines que figuran en los contratos de compra/venta. Hay que tener en cuenta que la construcción de las viviendas no fue un coste para el Ayuntamiento. Hay que recordar, igualmente, que fue difícil que empezaran a pagar y eso no era posible que se permitiera por parte del Ayuntamiento ni por parte de la Junta de Andalucía. La Barriada ha estado los últimos treinta años en algunos momentos en riesgo de convertirse en un ghetto. Las obras que se han hecho en la Barriada han dado un buen resultado. Es un barrio que está bien integrado con respecto a los barrios adyacentes. Hoy día el barrio es un barrio de gente trabajadora pero no hay un riesgo masivo de exclusión social salvo por el problema actual del paro por la crisis de la construcción.
Rafael Terán cree que los fondos que los vecinos han ido aportando y siguen aportando y van a seguir aportando deben destinarse íntegramente a la mejora de las viviendas, por ejemplo los techos de toda la urbanización; siendo ésta una de las prioridades que detectan los vecinos y, por tanto, se opondrá a la modificación presupuestaria presentada por el Equipo de Gobierno PSOE-CIS.