Además, IU pide explicaciones
Además, IU pide explicaciones al gobierno local del PSOE sobre los continuas averías y roturas de de tuberías de agua como la que ha ocurrido este fin de semana, roturas que se deben sobre todo a una falta de mantenimiento e inversión en infraestructuras, esperando que los sanluqueños no paguemos la cantidad elevada de litros de agua perdida.
Para IU, la reciente firma de un convenio con Cáritas en Sanlúcar no es más que parte de la campaña de lavado de imagen que la multinacional está llevando a cabo tras el inicio de 4 expedientes sancionadores municipales por su mala gestión y por sus presuntas irregularidades.
Hace unos días, IU-Sanlúcar ha tenido conocimiento por la prensa de que la empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua en Sanlúcar, Aqualia, a nivel estatal, ha lanzado el I Premio periodístico Aqualia “La gestión integral del agua en los municipios”, con el que se dice pretender «poner en valor la alta calidad de los servicios hídricos urbanos de los que disfrutamos en España». Se destaca en las bases de la convocatoria que «el galardón busca concienciar a los profesionales de la comunicación y, en general a toda la sociedad, de la importancia que el ciclo del agua tiene para el desarrollo de las sociedades y, por lo tanto, de la necesidad de garantizar la sostenibilidad medioambiental, financiera y social de estos servicios».
Las experiencias de gestión pública del agua han demostrado ser mucho más eficientes desde el punto de vista económico, social y medioambiental que la gestión privada, y Sanlúcar es buen ejemplo de ello.
Desde el punto de vista medioambiental, frente a la manera de concebir el suministro del agua como un derecho público y universal, se observa cómo los gobiernos de PP y PSOE en la provincia, ayudados por otros partidos muleta como el desaparecido Partido Andalucista en El Puerto o Ciudadanos en Sanlúcar, han concebido el derecho al agua como una oportunidad para que las grandes multinacionales como Aqualia saquen tajada a costa de verter aguas residuales al mar sin la debida depuración, emitir a la atmósfera gases malolientes para ahorrarse gastos en su eliminación. En Sanlúcar, el ayuntamiento abonó multas de hasta 6.000 euros que la Junta de Andalucía interpuso por la emisión de vertidos contaminantes al mar.
Desde el punto de vista económico, frente al encarecimiento de las tarifas del agua debido a las Ordenanzas Fiscales de los últimos años aprobadas por PSOE y Ciudadanos y a los miles de cobros indebidos que Aqualia realizó al facturar conscientemente la cuota de servicio relativa a contadores de calibre de 15mm a usuarios que tenían realmente instalados contadores de 13mm, esto es, alterar el calibre de los contadores en los recibos para cobrar el doble en la cuota de servicio sin un cambio real en los contadores, denunciado por IU Sanlúcar en los Juzgados; tres pedanías de Jerez han decidido salirse del suministro de agua potable de Jerez, gestionado también por Aqualia, para integrarse en Aguas de la Sierra, que sí mantiene una gestión pública. El suministro de los pueblos de la sierra es un 20% más barato que el de Aqualia en Jerez, lo cual demuestra que la gestión pública es más barata que la privada.
Y desde el punto de vista social, en aquellos municipios donde gobierna IU y por tanto, el agua es gestionada desde lo público, se está defendiendo este derecho humano al agua asegurando un suministro ininterrumpido y buscando fórmulas de pago alternativas sin amenaza de corte por imposibilidad de pago por insolvencia económica sobrevenida y acreditada.
En este sentido, hace unas semanas se anunciaba en la prensa que la multinacional ha firmado un convenio de colaboración con Cáritas para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Según la nota de prensa publicada con respecto al convenio, «Aqualia se compromete a estudiar cada caso siempre que venga avalado por Caritas y por un informe de los Servicios Sociales Municipales». Sin embargo, la realidad es que son cientos las familias sanluqueñas a las que Aqualia ha venido cortando el suministro por imposibilidad de hacer frente a los recibos sin que se hayan tenido en cuenta por parte de la empresa informes emitidos por Servicios Sociales.
Queda claro que la concesión de moratorias en el pago de los recibos a las familias que no puedan hacer frente a los recibos dependerá de la voluntad de la empresa concesionaria, que parece ser nula, sin que desde el ayuntamiento se haga nada para exigir moratorias de pago a Aqualia, pese a que existan mociones aprobadas en el Pleno Municipal desde hace más de un año por las que se decretaba que no se cortaría el agua a las familias que acreditaran fehacientemente que su situación económica les impedía pagar sus recibos de agua.
Frente a esto, en Medina Sidonia, el gobierno municipal de IU aprobó un suministro mínimo vital que pivota en el reconocimiento de que toda persona tiene derecho a un mínimo de agua y a que no se le corte el suministro por motivos de insolvencia económica. Para garantizar este derecho, la concesionaria pública que presta el servicio del agua creó un fondo de solidaridad, financiado íntegramente por la empresa, que financia la dotación de 100 litros de agua por habitante y día a aquellas familias que estén en riesgo de exclusión social y justifiquen esta circunstancia con un informe preceptivo de los Servicios Sociales. Por tanto, queda claro que la gestión pública del agua también es más eficiente que la privada desde el punto de vista social.
Para IU, una buena campaña de lavado de imagen por parte de Aqualia consistiría en dar la cara y explicar las razones por las qué se han puesto en marcha un procedimiento sancionador por reducción de plantilla, un procedimiento sancionador por inversión comprometida en las oficinas del servicio, un procedimiento sancionador por las carencias detectadas en el mantenimiento y conservación de obras, instalaciones y redes, fundamentalmente en lo relativo al Plan de Limpieza Integral Anual de la Red de Alcantarillado durante las anualidades 2012, 2013 y 2.014 y un procedimiento sancionador por el exceso de recaudación de los distintos servicios practicada a los usuarios en concepto de cuotas de servicios (ingresos tarifarios) durante los ejercicios 2.012, 2013 y 2.014. Con respecto a esto último, si bien la empresa reconoció haber devuelto cantidades indebidamente cobradas a más de 1000 sanluqueños, en Sanlúcar hay alrededor de 30.000 contadores, por lo que la mayoría de sanluqueños afectados por este fraude aún no han sido compensados.
Estas irregularidades han sido denunciadas también por organizaciones de consumidores como Facua, a la que Aqualia recientemente ha amenazado con denunciar. IU-Sanlúcar lamenta que la multinacional Aqualia pretenda asustar y silenciar las denuncias de ciudadanos y organizaciones de consumidores en vez de erradicar las graves irregularidades que está cometiendo en Sanlúcar y al parecer, en otros municipios de la provincia, como en Barbate.
IU-Sanlúcar seguirá exigiendo la remunicipalización del ciclo integral del agua como culminación de los expedientes sancionadores abiertos hace unos meses por el ayuntamiento, expedientes abiertos debido a la presión política, social y vecinal, y velará porque estos expedientes no se cierren en falso, con multas insignificantes que no supongan perjuicio económico alguno para Aqualia.
.