Las “complicadas” relaciones de la alcaldesa, Irene García, con AQUALIA, una vez más, dan sus frutos para bien de la empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua.
Las “complicadas” relaciones de la alcaldesa, Irene García, con AQUALIA, una vez más, dan sus frutos para bien de la empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua.
En el 2011 el ayuntamiento adjudicó a AQUALIA obras por valor de 2,7 millones de euros presuntamente para la mejora de la depuración de la aguas, mientras supimos gracias a un informe municipal que se estaban vertiendo aguas al mar sin la debida depuración. Todo ello, con la complacencia y complicidad de la alcaldesa, ya que ella y el resto de su equipo de gobierno también eran conocedores de los términos del mismo informe.
Hace unos días hemos conocido una nueva adjudicación de obras a la concesionaria por valor de 1,7 millones de euros para unos supuestos trabajos de adecuación en la estación depuradora de las Piletas. Todas estas obras se adjudican pero nunca se supervisan y mucho menos se controlan la realización de las mismas.
Desde que se privatizó el servicio del ciclo integral del agua, el recibo del agua ha subido una media del 30% a todos los sanluqueños, sean cuales sean sus condiciones sociales y económicas. Todo lo que prometieron Irene García y Juan Marín, respecto a que la privatización del servicio supondría una mejora en el servicio y que no conllevaría un encarecimiento del mismo ha supuesto una gran mentira, una más en la que está basando su gestión al frente del ayuntamiento.
Todo ello nos lleva a afirmar que la actividad de la empresa AQUALIA en la ciudad está suponiendo un negocio más que redondo para los intereses de sus accionistas: más margen de beneficio y más millonarias obras adjudicadas, a la vez que el control del servicio y las propias obras adjudicadas por parte del ayuntamiento brillan por su ausencia.
Sin embargo, los sanluqueños están recibiendo un peor y más caro servicio: los cortes injustificados de aguas son cada vez más frecuentes, los olores procedentes de la depuradora no merman y los vertidos de aguas sin la debida depuración siguen produciéndose.
Nadie en la ciudad puede entender ya la actitud complaciente y permisiva de la alcaldesa, Irene García, respecto a todo lo concerniente con la empresa concesionaria y del cada vez más cuestionado servicio que presta. Y por eso, cada vez más sanluqueños se preguntan qué es lo que hace que la alcaldesa no defienda los intereses de los sanluqueños frente a AQUALIA.
IU, una vez más, insta a la alcaldesa, Irene García, a que exija a la empresa AQUALIA a que invierta parte de sus cuantiosos beneficios en mejorar el servicio que presta, garantizando la calidad e integridad del mismo que se comprometió a ofrecer en el pliego de condiciones, así como que establezcan una generalizada rebaja en los recibos del agua a todos los sanluqueños.