IU viene denunciando como el equipo de gobierno PSOE-CIS, con la alcaldesa al frente, está permitiendo que la empresa concesionaria del ciclo integral del agua incumpla con toda impunidad el pliego
IU viene denunciando como el equipo de gobierno PSOE-CIS, con la alcaldesa al frente, está permitiendo que la empresa concesionaria del ciclo integral del agua incumpla con toda impunidad el pliego de condiciones fruto de la concesión, no solo en cuanto al propio servicio, sino también en lo estipulado en materia laboral, que igualmente redunda en la calidad del servicio prestado.
También hemos denunciado la inhibición de la alcaldesa en el conflicto laboral de las trabajadoras de la empresa CLAROS con la dirección de la empresa adjudicataria del servicio de atención a domicilio, trabajadoras que sufren continuos retrasos en el cobro de sus nominas y no cobran desde noviembre.
Algo parecido o peor, si cabe, está ocurriendo con la empresa concesionaria que presta su servicio en la piscina municipal. No sabemos si con impunidad o no, lo cierto es que esta empresa, sin circunstancias objetivas que lo pudiera justificar, está procediendo a proponer unos cambios en las condiciones laborales a los trabajadores haciendo uso y abuso de la reforma laboral del PP.
La dirección de la empresa va a llevar a cabo una reducción retributiva generalizada a todos los trabajadores del 10% en sus nóminas. En algunas categorías va a reducir a la mitad la jornada laboral manteniendo el mismo trabajo y la consabida reducción salarial del 10% comentada. Todo ello, al mejor estilo caciquil de “eso es lo que hay y si no interesa hay cientos de sanluqueños esperando en la puerta”.
Cuando dicha empresa concesionaria del servicio municipal se atreve a realizar una modificación de las condiciones laborales de sus trabajadores de esta naturaleza y con esos modos es porque es conocedora de que cuenta con la complicidad tácita o manifiesta del equipo de gobierno municipal PSOE-CIS.
IU no entiende la doble moral de la alcaldesa, que se pasea por la provincia reivindicando estabilidad en el empleo para los gaditanos, culpando, con razón, del enorme desempleo a los efectos de la reforma laboral del PP, mientras que en nuestra ciudad permite que una empresa concesionaria de un servicio municipal esté aplicando sin miramiento y discrecionalmente esa misma reforma laboral.
A la alcaldesa y su equipo de gobierno le viene como anillo al dedo el dicho popular de “justicia señor, pero por mi casa no”. Propugna la necesaria participación ciudadana en todo lo que refiere a los asuntos públicos municipales, pero en Sanlúcar la participación ciudadana en esos mismos asuntos brilla por su ausencia. Defiende los servicios públicos municipales, mientras que en nuestra ciudad privatiza injustificadamente esos servicios elementales. Denosta y rechaza la reforma laboral del PP, mientras permite que las empresas concesionarias de servicios municipales la apliquen impunemente como es el caso de la piscina cubierta. Crítica los recortes y las subidas de impuestos que está llevando a cabo el gobierno de la nación del PP como respuesta a la crisis, mientras que en Sanlúcar responden aplicando un plan de ajuste que supone menos servicios, más impuestos y menos empleo público municipal.
En definitiva, PSOE y CIS, Irene García y Juan Marín, no se pueden considerar un dechado de coherencia política y la deriva privatizadora que emprendieron les están explotando en sus caras. Pero en cualquier caso, ahora no podrán esgrimir ignorancia de lo que ocurre con la empresa concesionaria del servicio de la piscina municipal y de no actuar de inmediato para evitar estos despropósitos serán manifiestos cómplices necesarios en este atropello a los derechos laborales de esos trabajadores que está cometiendo la empresa concesionaria.