26/10/2017.- El alcalde y la delegada de hacienda prefieren subir los impuestos municipales antes que exigir a la Junta que cumplan con la ciudad.
En 2010 la Junta de Andalucía aprobó la ley de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA). Esta ley partía con un fondo de 420 millones de euros en 2011 para repartir entre los municipios andaluces, que se irían incrementando a razón de 60 millones de euros anuales, hasta alcanzar en 2014 los 600 millones de euros. A partir de esa fecha y en los sucesivos presupuestos, la asignación crecería en función de los ingresos tributarios de la comunidad. Sólo se cumplió ese plan en 2011 –año de su inicio– y en 2012, que se aumentó hasta los 480 millones previstos.
El Presupuesto de 2018 contempla el mismo importe para los ayuntamientos: 480 millones de euros. Será, por tanto, el sexto año consecutivo que la PATRICA se estanca. En este periodo, de haberse cumplido la planificación establecida en la ley, el Ejecutivo andaluz se habría quedado con 660 millones de euros que les hubieran correspondido a los ayuntamientos –60 millones en 2013 y 120 millones anuales entre 2014 y 2018, más el porcentaje de variación mencionado–.
Esta congelación del PATRICA para 2018, que perjudica sobre todo a las ciudadanos más necesitados de los servicios sociales, contrasta con lo rápido que la presidenta Susana Díaz llegó a un acuerdo con C’s de Juan Marín por el que librará del impuesto de sucesiones a los que más tienen en la comunidad autónoma, dejándose de ingresar más de 380 millones de euros anuales.
En el caso de Sanlúcar, la congelación de la PATRICA desde 2013, supone que la Junta de Andalucía adeude a nuestra ciudad nada más y nada menos que 3,8 millones de euros. Exceptuando, lógicamente, las capitales de provincia, una de las mayores deudas por este concepto de toda Andalucía.
A la ciudad con mayor tasa de pobreza y de población en riesgo de exclusión social y con una de las mayores tasas de desempleo del país, la Junta de Andalucía deja de pagarle por su contribución en los tributos desde 2013 cerca de 4 millones de euros ante la indiferencia o complicidad del alcalde, Víctor Mora, y de la delegada municipal de hacienda, Inmaculada Muñoz.
Mientras, el alcalde y la delegada municipal de hacienda año tras año, en vez de exigir a la Junta de Andalucía que cumplan con nuestro municipio, han preferido aplicar mano dura a los sanluqueños con las constantes subidas de impuestos y tasas, con el único objetivo de tapar el agujero económico que ellos mismo estaban creando por su mala gestión económica.
De nuevo el temblor de piernas que sufren Víctor Mora y compañía cuando de exigir algo a la Junta de Andalucía se trata, perjudica a Sanlúcar y a la calidad de vida de los sanluqueños.
Por todo ello, IU exige a Víctor Mora e Inmaculada Muñoz, que de una vez por todas antepongan los intereses generales de la ciudad y de los sanluqueños a sus intereses particulares y de partido, exigiendo a la Junta de Andalucía que pague lo que debe a los sanluqueños.