Desde hace meses las mujeres sanluqueñas víctimas de violencia de género se tienen que desplazar a Chipiona en busca de asesoría jurídica porque el Ayuntamiento de Sanlúcar ha dejado de prestar est
Desde hace meses las mujeres sanluqueñas víctimas de violencia de género se tienen que desplazar a Chipiona en busca de asesoría jurídica porque el Ayuntamiento de Sanlúcar ha dejado de prestar este servicio.
Las mujeres maltratadas necesitan asesoramiento psicológico pero también legal en muchos aspectos; vivienda, separaciones, hijos, trabajo… Las personas afectadas por este trauma deben ser tratadas con la máxima consideración e interés por el Ayuntamiento de Sanlúcar y parece ser que para el PSOE este es un tema poco importante. Algunas prestaciones económicas que pueden recibir las personas que sufren violencia de género, como la Renta Activa de Inserción (RAI), dependen en muchos casos, de un informe de un técnico jurídico de la administración por lo que desde el Ayuntamiento actualmente, que carece de este servicio, se remite a estas personas afectadas a los municipios de Chipiona o Jerez.
Para IU es inadmisible que una ciudad de más de 67.000 habitantes como Sanlúcar carezca de una asesoría jurídica para las víctimas de violencia de género, mientras que Chipiona con 19.000 habitantes ofrece este servicio de manera estable.
IU exige que cuanto antes se restablezca este servicio público esencial en Sanlúcar para dar así ayuda jurídica y cobertura legal a todas las víctimas de violencia de género de nuestra localidad, tal como recoge La Reforma Andaluza de la ley de igualdad (basada en las leyes marcos de 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en el ámbito andaluz).
Esperamos y deseamos, que esta vez, el gobierno local del PSOE haga una oferta pública en la que se cumpla los requisitos de igualdad, méritos, capacidad y publicidad para la contratación de un jurídico para este servicio aceptando la selección de candidatos que ofrezca el SAE según el perfil requerido desde el gobierno local.
Igualmente esperamos que no se trate de una plaza dada a dedo o que el PSOE ya tenga seleccionada a la persona idónea entre sus simpatizantes. Desde IU no queremos ver un espectáculo bochornoso como el que ha hecho el Alcalde a la hora de contratar a la abogada para la Oficina de Mediación de la Vivienda haciendo un sondeo entre las militantes o simpatizantes de su partido.
Los servicios públicos esenciales deben de estar cubiertos en todo momento, pero el PSOE da prioridad absoluta al cumplimiento de su Plan de Ajuste, aunque sea a costa de eliminar servicios esenciales como la atención jurídica a personas víctimas de violencia de género.