El equipo de gobierno PSOE-CIS, sumido en un autismo político rebosante de prepotencia, ha dado una nueva muestra más de su escaso talante democrático al negarse a sent

El equipo de gobierno PSOE-CIS, sumido en un autismo político rebosante de prepotencia, ha dado una nueva muestra más de su escaso talante democrático al negarse a sentarse a negociar con los representantes legales de los trabajadores en el artificial conflicto creado con el colectivo de los policías municipales.

 

Al igual que resultaría inadmisible negarle la legitimidad en el gobierno de la ciudad, aunque meritos están haciendo para ello, resulta de todas todas inadmisible que la alcaldesa y, en este caso, la aún delegada municipal de seguridad, Milagrosa Gordillo, se niegue a negociar con la representación legal del colectivo de policías locales surgida de las elecciones sindicales, aquellos aspectos sustanciales en sus condiciones de trabajo.

 

Pero más inadmisible resulta que ambas, sin el más sonrojo, hayan mentido descaradamente para crear un clima de crispación inexistente y con ello pretender echar la opinión pública sanluqueña sobre los policías municipales. La alcaldesa, Irene García, mintió cuando advirtió al subdelegado de gobierno, antes denostado y ahora aliado, que los policías locales estaban en huelga. La delegada municipal mintió vergonzosamente cuando dijo en rueda de prensa que los representantes sindicales no habían solicitado reunión alguna y continuó haciéndolo cuando dijo que no claudicaba antes las amenazas cuando solo hubo petición de negociación y por escrito. Esta deriva mentirosa las descalifican como personas y como políticos al frente del gobierno de la ciudad.

 

Este equipo de gobierno, con la alcaldesa al frente, empieza a ser presa de sus propias mentiras. Por una parte, afirman torticeramente que las cuentas del ayuntamiento están saneadas gracias a su magnifica gestión económica, que incluso por segundo año consecutivo se ha originado superávit y, sin embargo, continúan con las políticas de recortes en servicios y personal y mantienen subvenciones discrecionales a organizaciones y entidades de dudosas utilidad pública. Esto es la base de la demandas de los representantes sindicales: ¿si hay superávit por qué no se invierte en  material y en mejorar sus condiciones laborales que en definitiva es mejorar la cantidad y calidad del servicio que prestan?

 

La llamada paz social que la alcaldesa ha disfrutado en el ayuntamiento es debido fundamentalmente, además de a ciertas operaciones que han originado cambios de voluntades, a un acto de responsabilidad del conjunto de los trabajadores municipales y de sus representantes legales, que ni ella ni nadie de su equipo de gobierno están sabiendo valorar y por eso a las primeros desencuentros los descalifican pretendiendo echarles irresponsablemente la opinión publica sanluqueña encima. La alcaldesa ha pretendido soslayar su incapacidad de dar soluciones a los problemas con un ejercicio obsceno de autoritarismo.

 

En cualquier caso, el equipo de gobierno PSOE-CIS esta obligado a entenderse con los trabajadores municipales y mucho más con el colectivo de policías locales, cuyo servicio es fundamental para la ciudad, sobre todo para la época del año que se viene encima en la que su servicio sin distorsión gratuita se hace más necesario.

 

Por todo ello, IU llama a la alcaldesa y a la delegada municipal de seguridad a que hagan un ejercicio de sensatez, abandonando estas actitudes prepotentes, de descalificación y que abra un amplio proceso negociador con los representantes legales de los trabajadores municipales encaminado a mejorar sus condiciones laborales que en definitiva es mejorar el servicio que prestan.