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Urge la transformación de nuestro modelo productivo, explotador de recursos y personas, hacia un modelo de desarrollo sostenible centrado en buscar el bienestar y la prosperidad para todas las personas, capaz de crear empleo estable y de calidad, y que además asegure una redistribución de la riqueza más justa y una mayor inclusión social.
Se debe diseñar un plan de transición de la economía que genere empleo sostenible y dé respuesta a las necesidades sociales y ambientales del país. Para ello apostamos por:
-Una política industrial que, estratégicamente y desde la eficiencia y la sostenibilidad (de energía y materias primas), defina las especializaciones sectoriales e industriales que permitan desplazar nuestro tejido empresarial hacia ramas de mayor valor añadido, teniendo en cuenta el mercado internacional de productos industriales.
-Un plan de empleo verde que ayude a desarrollar un sector empresarial sostenible y que ponga en marcha políticas activas de formación e inserción en los nuevos nichos productivos. Este plan ha de priorizar zonas afectadas por la desindustrialización y la planificación para derivar el empleo asociado a los sectores en crisis hacia otros más sostenibles y necesarios.
-Se debe como objetivo que la inversión nacional en I+D+I se sitúe en el 2% del PIB.
Además, se reorientarán las inversiones en infraestructuras públicas desde la construcción residencial y el transporte por carretera hacia infraestructuras productivas y tecnológicas que posibiliten la digitalización de la economía y la transición hacia el nuevo modelo productivo (infraestructuras energéticas y de transporte colectivo, pero también de telecomunicaciones y suministro de agua, entre otras).
El nuevo Gobierno del cambio impulsará la creación de Comités Estratégicos Sectoriales con la participación de empresas y sindicatos y el objetivo de garantizar el futuro del sector, definir las grandes orientaciones estratégicas y tecnológicas y concretar las necesidades para su modernización.
En esta nueva política industrial cobran un mayor peso los instrumentos financieros públicos para crear sinergias entre las capacidades innovadoras y financieras del sector privado y del sector público.
Con el fin de que España cuente también con una importante red de banca pública para llevar a cabo estas políticas, el Gobierno renegociará los términos del Memorando de entendimiento firmado con la UE para poner en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum, que no serán reprivatizadas, y del ICO.
En definitiva, IU-Sanlúcar pide el voto para Unidos Podemos; que según las encuestas se sitúa hoy como única alternativa que frene al Partido Popular; cuenta con un programa detallado en defensa de un nuevo modelo productivo, una nueva política industrial, inversión en I+D+I y una Banca Pública