El Partido Socialista de Irene García y Víctor Mora y el Partido Independiente de Juan Marín, privatizaron hace 4 años el ciclo integral de Agua y a cambio de 16,5 millones de euros, la multinacion
El Partido Socialista de Irene García y Víctor Mora y el Partido Independiente de Juan Marín, privatizaron hace 4 años el ciclo integral de Agua y a cambio de 16,5 millones de euros, la multinacional Aqualia, del grupo FFC, se adjudicó la prestación del servicio.
Desde entonces, IU, que se opuso rotundamente a dicho proceso de privatización, viene denunciando el trato de favor que el Equipo de Gobierno PSOE-CIS otorga a la citada multinacional, trato de favor que se pone de manifiesto con varios hechos, entre los que se destacan:
-Malos olores excesivos en las zonas cercanas a la depuradora.
-Vertidos al mar de agua peligrosos de aguas no depuradas suficientemente
-Subida generalizadas excesivas en los recibos de agua de los sanluqueños.
-Falta de control municipal sobre la gestión de Aqualia.
-Inoperancia del Equipo de Gobierno frente a numerosos casos de cobros irregulares por parte de Aqualia a numerosos sanluqueños. Aprovechándose de la falta de vigilancia y control municipal, aprovechándose de la inoperancia de la Comisión de Control del servicio concesionado, Aqualia está cobrando a muchos sanluqueños cuotas fijas correspondientes a contadores de 15 milímetros a contratos cuyos contadores en realidad son de 13 milímetros por lo que pagan el doble. Esta irregularidad se produjo por un cambio significativo producido de 2011 a 2012 en la “Ordenanza Fiscal 421, Reguladora de la Tasa por el Servicio de Abastecimiento de Agua”, cambio que claramente se realizó para incrementar considerablemente los beneficios de Aqualia:
En 2011, la cuota fija por suministro de agua (cuota de servicio), era la misma para todos los contadores, con independencia de los calibres de los mismos (1,68 €/mes), pero a partir de 2012, la cuota fija comenzó a aplicarse de forma escalonada, aumentando la cuota a medida que aumentaba el calibre del contador instalado. Este cambio es el que nos demuestra que PSOE y CIS han sido colaboradores necesarios para Aqualia a la hora de conseguir sus objetivos de maximizar los cobros a los sanluqueños.
Para IU, este cambio en las Ordenanzas de 2012 en adelante demuestra cuáles son los intereses que el Equipo de Gobierno defiende, los intereses particulares de las grandes multinacionales. Frente a ello, IU exigió una modificación en la Ordenanza Fiscal en cuestión (421), para que vuelva a ser redactada tal y como lo estaba en 2011, es decir, que la cuota de servicio sea igual para todos los contratos, con independencia del calibre del contador. PSOE y CIS no han querido ni hablar de este tema en el Pleno por lo que han decidido, por el hecho de tener mayoría, no llevar esta moción al Pleno. Volveremos a insistir en este asunto durante el debate de las ordenanzas fiscales para 2015.
Ante el comportamiento del Ayuntamiento de apoyar a Aqualia en su decisión de devolver lo cobrado de más sólo a algunos de los ciudadanos que están presentando sus reclamaciones hemos realizado un escrito muy documentado con los casos más sangrantes y demostrables que nos hemos encontrado estos meses para planteárselos al departamento de Industria de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía que es el competente por tratarse de una adulteración en materia de contadores. La denuncia que ya hemos presentado en las oficinas de Plaza Asdrúbal de Cádiz el pasado mes está disponible íntegramente para los que quieran informarse con exactitud de este tema en nuestra página web www.iusanlucar.org.
Al final del escrito que hemos presentado en Cádiz solicitamos de la Junta que se tenga por presentada DENUNCIA CONTRA EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA CONCESIONARIA (y de la dejación de funciones del propio Ayuntamiento) en función de lo establecido en el Decreto 120/1991 de 11 de junio por el que se aprueba el reglamento sobre el suministro de agua. La empresa tenía diez días para contestar según esta norma. Sus explicaciones no nos han convencido, por lo que elevamos esta denuncia ante la Junta de Andalucía. Aqualia puede estar realizando estas prácticas incorrectas en otras ciudades. Esperamos que se abra el oportuno expediente de inspección y posterior sanción para una empresa que está violando los derechos de los ciudadanos a la prestación de un servicio público esencial. Por supuesto que Aqualia debe devolver lo cobrado de más pero además debe sufrir una sanción por un comportamiento abiertamente hostil a los ciudadanos. Está claro que el Ayuntamiento no está velando por los intereses de los ciudadanos sanluqueños y esperamos que la Junta de Andalucía sí lo haga.