Rafael Terán, portavoz municipal de IU, viene denunciando que desde el año siguiente a la concesión del servicio del Ciclo Integral del Agua, Aqualia, con el presunto beneplácito del Ayuntamiento,
Rafael Terán, portavoz municipal de IU, viene denunciando que desde el año siguiente a la concesión del servicio del Ciclo Integral del Agua, Aqualia, con el presunto beneplácito del Ayuntamiento, viene subiendo disimuladamente, de forma inadvertida, las tasas a los sanluqueños de manera ilegal. Por ello, IU ha presentado un recurso que esperamos sea contestado por el equipo gobierno lo más rápidamente posible.
Según la legislación aplicable a la concesión las distintas tasas del Ciclo cada año deben experimentar como máximo una subida del 85% del IPC. Así lo manifiestan además los técnicos municipales en sus informes. Para 2013 todas las tasas de este servicio municipal se debieron actualizar, por tanto, con un 2,3% que corresponde a un 85% del IPC para ese ejercicio.
En 2012, la tasa fija por suministro de agua era de 3,36 euros bimensuales y pasó a costar en 2013 más del doble, es decir, 7,16 euros bimensuales (para uso doméstico, más de un 100% de incremento).
Aqualia ha decidido cambiar el calibre de 13 mm a 15 mm en los recibos del agua sin que se haya cambiado los contadores del consumo del agua a miles de sanluqueños, sin comunicación previa alguna, suponiendo una modificación del contrato con esos usuarios absolutamente ilegal. Este cambio ha supuesto para los usuarios afectados que la tasa por suministro de agua haya subido más de un 100%.
Estos cambios podrían deberse a una subsanación de errores; en ese caso no se producirían la miríada de subidas que se han producido. Estamos ante una campaña recaudatoria por parte de Aqualia dentro de una lógica de maximización de beneficios a toda costa. De este supuesto fraude no solo es responsable Aqualia, sino también el Ayuntamiento, que debe controlar un servicio público esencial mediante la Comisión de Seguimiento del Contrato de Gestión de Servicio Público, mediante concesión, del Servicio de Aguas. Esta Comisión debe controlar la gestión de Aqualia y su adecuación a la legalidad y al contrato firmado y al equilibrio económico que se deduce de la concesión.
No podemos olvidar, continua diciendo Terán, que los padrones se aprueban por decretos municipales. Esto sucede así bimensualmente para la tasa de basuras. Ahí se produce una exposición pública de las categorías fiscales que afectan a cada contribuyente para que éste se pueda informar y, en su caso, recurrir para generar una resolución administrativa posterior. Todo este procedimiento emana de la Ley General Tributaria y de los reglamentos de gestión y recaudación. La tasa de basuras es un tributo y también lo son las tasas de agua, alcantarillado y depuración. Así se establece en el Pliego de Adjudicación del Ciclo y en los acuerdos plenarios anuales de modificación de las ordenanzas fiscales citadas números 152 y 421.
Sin embargo en Sanlúcar no existe un decreto municipal que apruebe los padrones bimensuales de agua, alcantarillado y depuración. Lógicamente, en consecuencia, no existe una publicación en BOP para que los contribuyentes y ciudadanos de Sanlúcar podamos acudir a la sede de Aqualia o alguna dependencia municipal para ver qué se nos va a cobrar unos días después por el Ciclo. Nadie del Ayuntamiento controla a esta empresa; los ciudadanos de Sanlúcar estamos en manos de esta multinacional que hace y deshace a su antojo. Esa situación es aberrante.
Todo hace pensar que estas modificaciones se han hecho masivamente, con alevosía, con ocultismo y con el apoyo del Ayuntamiento; las modificaciones en los contratos se han intentado ocultar ante la dificultad técnica de comprensión de las facturas de Aqualia, cuyo formato se altera cada poco tiempo. No se cumple ningún principio legal respecto de la gestión de una tasa.
En total, Aqualia ha podido ingresar de forma ilegal un importe en el entorno del millón de euros durante esos dos años; el Ayuntamiento debe exigir que lo devuelva a los contribuyentes. El equilibrio económico de la concesión se ha roto en favor de Aqualia desde 2012, durante 2013 y estamos intentando que eso no se produzca también durante 2014. Todo este desmán ha originado que el recibo del agua ha subido entre 2011 y 2013 para todos los sanluqueños un 43%, muy por encima del IPC.
Por todo lo anterior, Rafael Terán solicita la devolución de las cantidades cobradas injustamente; deben rehacerse todos los recibos correspondientes a los últimos dos años de todos los sanluqueños afectados.