En un momento en el que el Estado Social ha sido recortado al mínimo, se hace imprescindible para las élites políticas y económicas del país acudir a la represión institucional en orden a incrementar el control administrativo y penal sobre la población. La maquinaria represiva se perfecciona con la llamada Ley Mordaza y la reforma del Código penal de 30 de marzo de 2015.

Así pues, la criminalización del derecho a la manifestación y a la huelga se ha incrementado en los últimos años y ha conducido al aumento de denuncias, primero, y de sentencias contra sindicalistas y activistas sociales por participar en las movilizaciones contra la crisis, contra los recortes, la austeridad y las reformas laborales.

Por ello, IU-Sanlúcar manifiesta su apoyo a todos aquellos hombres y mujeres que están siendo perseguidos por hacer uso de la libertad y derecho de huelga y de manifestación, creando así el Gobierno y los estamentos judiciales y policiales el miedo en la sociedad ante las denuncias y persecuciones que acarrea el defender la justicia social y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. 

La sentencia contra los sindicalistas en Jódar, más allá de las manipulaciones propagandísticas y mediáticas contra el sindicalismo y la movilización social, evidencian la desigualdad judicial que existe, al agilizar la publicación de condenas de cárcel en tiempo récord por defender la eliminación de peonadas, mientras que los juicios por corrupción se alargan en el tiempo conllevando en muchas ocasiones la prescripción de los delitos, convirtiéndose en mera propaganda de la supuesta igualdad ante la justicia. 

Andrés Bódalo, sindicalista del SAT, se enfrenta a una desmesurada y totalmente descabellada condena 3 años y medio de prisión y 1.800 euros de multa por participar en una huelga y defender los derechos de los que más están sufriendo esta crisis estafa, los hombres y mujeres desempleadas y/o jornaleras. El aumento de la persecución sindical es evidente si se atiende a los procesos abiertos a centenares de sindicalistas afectados por procedimientos administrativos y penales tras participar en la convocatoria, extensión y organización de huelgas generales o protestas cívicas. 

Por todo ello, IU-Sanlúcar se suma a la petición de indulto de Andrés Bódalo y reclama el cese de la ofensiva administrativa y judicial contra sindicalistas y activistas sociales.