Cristian Sánchez recuerda que el día 14 de marzo de 2014, el Equipo de Gobierno anunció que Aqualia procedería a la devolución de oficio a todos los clientes con contratos posteriores a 1993 a los
Cristian Sánchez recuerda que el día 14 de marzo de 2014, el Equipo de Gobierno anunció que Aqualia procedería a la devolución de oficio a todos los clientes con contratos posteriores a 1993 a los que se hubiese contrastado que el calibre del contador que se recoge en su contrato es de 13 mm o inferior.
Sin embargo, paralelamente a la publicación de esa nota de prensa, los usuarios que reclamaron la devolución de las cantidades cobradas indebidamente comenzaron a recibir contestaciones por escrito del Departamento de Gestión de Clientes de Aqualia en Sanlúcar de Barrameda, en las cuáles se expresaba que “el calibre del contador lo indica el caudal nominal del mismo […] que las facturaciones de recibos se han realizado de forma correcta y no corresponde devolución alguna”.
Por tanto, en opinión del coordinador local de IU, pese a indicarse en nota de prensa que Aqualia devolvería los importes cobrados indebidamente, reconociendo así, implícitamente, el fraude cometido por la multinacional; la realidad es que Aqualia, inicialmente no tenía intención de devolver las cantidades indebidamente cobradas, de ahí el envío de las contestaciones a los usuarios que reclamaron, en las cuales se indicaba que no les correspondía devolución alguna.
Sin embargo, ayer día 6 de abril tuvimos conocimiento de que a un usuario le han devuelto –compensado- los 44 euros que le habían cobrado de más durante 2012 y 2013 y que en el nuevo recibo vuelve a aparecer la expresión “calibre 13”, pese a que ese ciudadano no había interpuesto reclamación alguna.
Por lo tanto, pese a que en un primer momento han estado negando por escrito los cobros ilegales, posteriormente, la denuncia pública efectuada por IU y Ecologistas en Acción está sirviendo para resarcir los cobros indebidos efectuados por Aqualia a los sanluqueños.
Además de todo lo anterior, los usuarios sanluqueños con contadores de 13mm recibieron, también en el mes de marzo, escritos de Aqualia en los que se indicaba que los contadores instalados en sus viviendas serían sustituidos en los próximos días.
En dichos escritos se dice que la “sustitución es motivada por la renovación periódica del parque de contadores” y que “de acuerdo con lo indicado en el artículo 34 [Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía], su nuevo contador deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por lo que se procederá a la instalación de un contador de 15mm.”
El citado escrito enviado a numerosos sanluqueños pretende hacer ver que la empresa se acoge a la normativa y que la citada normativa es la que establece la obligación de que la instalación de calibres de 15mm, lo cual es rotundamente falso. No existe la obligación de que los contadores que se instalen hayan de ser de 15mm. Si se acude a la normativa citada en el mencionado escrito, Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, y se analiza detenidamente, no existe ningún precepto que obligue a los encargados de la gestión del suministro de agua a instalar contadores de 15mm.
La intención de Aqualia no es otra que convertir una ilegalidad que se ha dado durante 2012 y 2013; el cobro indebido de las cuotas fijas de servicio atendiendo a calibres superiores a los de los contadores realmente instalados; en una legalidad de 2014 en adelante; que los cobros de las cuotas fijas de servicio atendiendo a calibres de 15mm se correspondan con los calibres realmente instalados.
Por ello, Cristian Sánchez pide a los sanluqueños que sigan reclamando, que pese a que Aqualia señale en sus contestaciones que no les corresponde devolución alguna, tarde o temprano acabarán cediendo, porque saben que están cometiendo una ilegalidad.
Y en segundo lugar, pide a los sanluqueños que no dejen que Aqualia cambie los contadores de sus viviendas porque Aqualia, con esta artimaña, solo pretende subir los recibos del agua y convertir una ilegalidad en una legalidad, para que el cobro de 7,26 euros en concepto de cuota fija de agua sea un cobro ajustado a la ley.