La dación en pago, así como el desahucio y la pérdida de la vivienda tras la correspondiente subasta judicial, presentan unas repercusiones fiscales poco conocidas por la ciudadanía, en general, y
La dación en pago, así como el desahucio y la pérdida de la vivienda tras la correspondiente subasta judicial, presentan unas repercusiones fiscales poco conocidas por la ciudadanía, en general, y por las propias personas que se han quedado sin hogar, en particular. La primera de ellas es la obligación de pagar al Ayuntamiento el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como “Plusvalía”. A pesar de su denominación, este tributo debe satisfacerse aunque el precio del inmueble haya disminuido desde su adquisición. Su cuantía depende, básicamente, del valor catastral del suelo, del número de años transcurridos desde que se adquirió y de los porcentajes y tipos de gravamen.
El Real Decreto Ley 6/2012, de mediadas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, adicionó un punto 3 a este articulo 106 que estableció un cambio en el sujeto pasivo en el tributo en cuestión por el que en los casos de dación en pago el sujeto pasivo sustituto pasa a ser la entidad adquirente sin posibilidad de repercutir. Ahora bien este Real Decreto exige unas condiciones muy restrictivas, tanto en lo relativo al hipotecado que transmite como al precio máximo de adquisición del inmueble, que hacen que normalmente este cambio en el sujeto pasivo no se produzca.
Para IU Sanlúcar, el Impuesto sobre Plusvalías debe considerar de una forma especial el caso de aquellos ciudadanos que han ejercido la dación en pago para evitar los desahucios por motivos sobrevenidos en el caso de viviendas habituales de las familias sanluqueñas. Si una persona en paro ha decidido, porque no tiene otro remedio, eludir el desahucio mediante la dación en pago al banco que ha constituido una hipoteca sobre su vivienda habitual, el Ayuntamiento debe hacer recaer este tributo sobre el Banco.
Esta normativa ha sido aprobada la semana pasada por el consistorio de Medina Sidonia por unanimidad. Y va en consonancia con la misma medida adoptada hace unos meses por El Puerto de Santa María. IU Sanlúcar espera que, esta vez, el PSOE de Víctor Mora y el CIS de Juan Marín se pongan de parte de los sanluqueños que pierden sus viviendas y no defiendan los intereses de la patronal bancaria.