Esta nueva norma permitirá a los inquilinos de viviendas municipales adaptar su renta a sus circunst
Esta nueva norma permitirá a los inquilinos de viviendas municipales adaptar su renta a sus circunstancias económicas.
Esta nueva ordenanza municipal es posible gracias a la Ley de la Función Social de la Vivienda, una ley impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía durante el tiempo en que Izquierda Unida ostentó la dirección de la Consejería, y Ley parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional por un recurso presentado por el Partido Popular.
No obstante, desde IU-Sanlúcar advertimos que si bien votamos a favor de esta ordenanza, ello no basta, porque no sólo se trata de que se elaboren y se aprueben normas, sino de que se cumplan. Hay varios ejemplos de incumplimientos en materia de vivienda. Por ejemplo, pese a que se señala en el apartado 13 de la ordenanza, que la Unidad de Vivienda de la GMU asumirá la realización de reparaciones, de oficio o a requerimiento de los arrendatarios, y que el personal de la unidad de vivienda efectuará inspecciones de forma periódica, desde Izquierda Unida dudamos de que estas tareas de seguimiento se pongan en marcha pese a que se establezca en la ordenanza.
En julio de 2014, desde Izquierda Unida presentamos una moción, a requerimiento de los vecinos, para que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se acometieran unas obras prioritarias en un conjunto de viviendas de titularidad municipal -Residencial Bajo de Guía- y el Equipo de Gobierno de por aquel entonces, Partido Socialista y Ciudadanos, vetó la moción y no pudo ser discutida en el Pleno. Los vecinos decidieron hacer las obras por su cuenta debido a que los requerimientos, tanto a partidos políticos de la oposición como requerimientos directos al Ayuntamiento, a Emuvisan primero y luego a la Gerencia, no fueron tenidos en cuenta.
Además, denunciamos la falta de seguimiento permanente que se nos ha llegado a reconocer incluso por parte del Ayuntamiento en relación con la situación de las viviendas y de los inquilinos (y su situación económica). Tras la disolución de Emuvisan, la Gerencia de Urbanismo asumió las competencias en materia de vivienda e incluso se ha puesto en marcha una Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda. Estos dos entes pueden encargarse de las tareas de seguimiento del parque público municipal de viviendas y de sus inquilinos.
Por tanto, en el Pleno de octubre votamos a favor de la ordenanza pero no suficiente. No es suficiente porque no sólo se trata de que hagan normas, sino de que se cumplan y hasta ahora, en materia de vivienda este Ayuntamiento se destaca por falta de cumplimiento y por su falta de compromiso con el Derecho a una vivienda digna. No es suficiente porque hace falta un compromiso mayor para remediar el problema de la vivienda en Sanlúcar que la creación de una Oficina de Defensa de la Vivienda que nació viciada por las contrataciones de dudosa legalidad de una abogada y una asistente social y por las que se creará una comisión de investigación a propuesta de IU para aclarar si realmente existieron irregularidades.