Después de cerca de dos años de la privatización del Ciclo integral del agua llevada a cabo por el equipo de gobierno PSOE-CIS con la connivencia del PP, el balance de gestión de la empresa concesionaria del servicio no puede ser más negativo para los intereses generales de la ciudad.
Si bien, los servicios prestado por Aqualia nunca han sido todo lo correcto que debieran ser, desde que consiguió la concesión del ciclo integral de agua, el deterioro ha ido aumentando y las continuas denuncias en cuanto a la emisión de olores y vertidos al mar sin una adecuada depuración i otras deficiencias en el servicio están siendo una constante. La impunidad con que parece actuar Aqualia puede que tenga mucho que ver con la dejación de su obligación fiscalizadora y control desde el ayuntamiento, algo que para muchos es lo más parecido a una connivencia. Porque de otra manera no se podría explicar que la alcaldesa, Irene García, no haya nombrado a ningún funcionario del ayuntamiento para que ejerciera esta labor.
Al parecer, la concesión del ciclo integral del agua, por valor de 16’5 millones de euros, ha sido y esta siendo una operación muy ventajosa para todos menos para los sanluqueños que, día tras día, están viendo que dicho servicio esta siendo más caro, gracias a la subida abusiva e injustificada del 3% en los conceptos fijos del recibo del agua que la alcaldesa Irene García aprobó en la ultimas ordenanzas municipales mientras que el servicio esta empeorando, especialmente en lo que ha depuración de las aguas residuales se refiere.
Hace unas semanas hemos podido ver como el portavoz municipal socialista en el ayuntamiento de Jerez, Francisco Lebrero se posicionaba radicalmente en contra de la privatización del servicio del agua por 25 años en los siguientes términos:
“Estamos hablando de un servicio público esencial y no estamos de acuerdo en que pase a manos del sector privado», estamos poco convencidos de que el pliego de condiciones blinde a 25 años vista una serie de aspectos como son la subida del recibo únicamente el IPC, las bonificaciones de la factura para familias sin recursos o el mantenimiento de la misma calidad del agua. El papel lo aguanta todo, pero ¿la voluntad de la empresa durante esos 25 años va a ser la misma?¿Cómo se puede garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones con un plazo tan largo de 25 años? No se lo cree nadie. Es un despropósito. La empresa pagará el canon al principio y después podrá hacer ya lo que quiera. Con la gestión del agua en manos de una empresa privada deja de existir el interés general, por el interés particular, que nadie dice que no sea legítimo, pero la empresa está para ganar dinero, no para prestar un servicio esencial…..»
Todo esto lo decía el portavoz municipal socialista jerezano a apenas dos años que su secretaría general provincial y alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, decidiera hacer lo que ahora pretende hacer el PP en el ayuntamiento de Jerez. Es obvio que el PSOE que propugna Irene García, es lo más parecido al PP, distando mucho de aquel que hace bandera de la defensa de lo público como mejor forma de salvaguardar los intereses generales de la ciudad.
IU insta a la Alcaldesa que de una vez por todas defienda los intereses generales de la ciudad obligando al empresa concesionaria del servicio integral Aqualia a cumplir estrictamente con el pliego de condiciones pactado y en cualquier caso, abriendo expediente sancionador por las innumerables irregularidades que se vienen denunciando.