En el municipio de Torrelavega, localidad cántabra de 54.827 habitantes, el llamado ”escándalo del agua” surgió al detectar los técnicos municipales irregularidades en la gestión de la empresa mixt

En el municipio de Torrelavega, localidad cántabra de 54.827 habitantes, el llamado ”escándalo del agua” surgió al detectar los técnicos municipales irregularidades en la gestión de la empresa mixta Ayuntamiento-Aqualia(FCC) durante los ejercicios de 1999 y 2000. En 2011 quedó resuelto el proceso administrativo, con el respaldo judicial a la decisión del pleno de la Corporación de rescindir el contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia (FCC), la empresa privada tenía entonces el 51% de las acciones de la sociedad responsable de la gestión del agua en el municipio. Los delitos que se imputan tienen que ver con la presunta manipulación de caudalímetros, la contratación irregular de empresas filiales para distintos trabajos y el desvío de compras de carbón activo para otros municipios, principalmente. En la actualidad la empresa pública de Torrelavega que gestiona el agua ha acometido importantes obras en el servicio de agua y presenta beneficios.

Lo que hizo el gobierno de Torrelavega fue gestionar en defensa del interés general de la ciudad, muy diferente de lo ocurrido en Sanlúcar.

En nuestra ciudad, no fueron los técnicos municipales quienes destaparon el fraude cometido por Aqualia en el cobro de los recibos del agua, ya que Víctor Mora y Juan Marín se encargaron de que no existiese control alguno a la concesionaria. Ecologistas en Acción e IU Sanlúcar fueron los que descubrieron el fraude ante la dejación de las funciones propias de control del equipo de gobierno PSOE-CIS.

Una vez destapado el fraude y admitido por la propia Aqualia, gracias a la denuncia de IU Sanlúcar, EA y la presentación de cientos de reclamaciones de ciudadanos que se sentían cuando menos estafados, Víctor Mora y Juan Marín, tan solo se han dedicado a facilitarle a Aqualia las cosas, entre ellas la de que puedan devolver lo cobrado irregularmente poco a poco sin más, y sin el más mínimo control de esto último.

A diferencia del gobierno de Torrelavega, que ha defendido los intereses de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración, Víctor Mora y Juan Marín en todo momento han defendido más los intereses de Aqualia. Desde cambiando el sistema tarifario hasta inhibirse descaradamente en cuanto a abrir expediente sancionador a Aqualia y poner en conocimiento de los hechos a los órganos de la Junta de Andalucía, pasando por el incomprensible hecho de ser el consistorio quien paga las multas a Aqualia cuando ésta es sancionada por realizar vertidos al mar de aguas sin la debida depuración. Ha tenido que ser IU quien ha puesto en conocimiento del órgano competente de la Junta de Andalucía de las irregularidades cometidas por Aqualia, siendo esta denuncia admitida a trámite.

El ayuntamiento de Torrelavega por motivos similares decidió llevar a cabo el rescate del servicio del agua y ahora el mismo da beneficios para sus ciudadanos ¿por qué Víctor Mora y Juan Marín, habiendo razones suficientes, no toman una iniciativa similar?

Por todas estas razones y algunas más, IU Sanlúcar sigue denunciando que Víctor Mora y Juan Marín fueron, son y seguirán siendo colaboradores necesarios para que Aqualia perpetrara el enorme fraude en el cobro de los recibos del agua y para que desde el Ayuntamiento no se defiendan los intereses generales de los sanluqueños.