1. IU: En “el caso sueldazo”, ni amenazas directas ni veladas, ni calumnias contra los consejeros y concejales/as de IU y presiones contra militantes de IU, van a impedir que se siga denunciando estos hechos y exigir las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales en los órganos competentes.

28/08/2018.- El consejero delegado de la empresa municipal, la delegada municipal de hacienda, y el propio alcalde, son los responsables de mantener en el cargo al trabajador con contrato de peón que realiza labores de encargado general de la empresa municipal implicada en el escandalo del «caso sueldazo» y del injustificado dispendio retributivo del que goza, a pesar de estar condenado a cárcel mediante sentencia firme de 8 de febrero de 2017 por delitos contra los derechos de los trabajadores y por lesiones por imprudencia grave que ha ocasionado una terrible discapacidad a un trabajador de la empresa municipal que debe ser indemnizado a más de 300.000 euros por ello, además de la existencia de otra sentencia por agresión física a otro trabajador de la misma empresa.

Este señor, que en su día reconoció ante el juez no estar cualificado ni formado para asumir las responsabilidades propia de la labor que desarrolla, nunca ha tenido reparo alguno en poner la mano a la hora de percibir un escandaloso salario retributivo y de pedir aumentos de sueldo constantemente se permite el lujo de amenazar, y afirmaba mediante un comunicado de prensa que mandó a un medio provincial, que a partir de ahora va a ganar más mediante el cobro de horas extras que a buen seguro nadie va a controlar. Su única labor eficaz que se le reconoce al frente de la empresa municipal dista mucho de conseguir una gestión eficaz de la misma.

La pregunta que se hacen los sanluqueños es qué le deben o que temen el alcalde, la delegada de hacienda y el consejero delegado de este sentenciado encargado para tener que mantenerlo en el cargo después de todo este «currículo» impropio y desaconsejable para un empleado público, mediante un escandaloso salario, máxime cuando no tiene cualificación profesional alguna para el cargo de encargado general que desarrolla, tal como la propia sentencia anteriormente citada recoge. Todo esto podría justificar que el todavía encargado general de la empresa pública municipal se haya atrevido a decir en un atropellado y lastimero comunicado, repleto de mentiras y medias verdades, que ha recibido el apoyo del equipo de gobierno, incluido el alcalde. Si este último hecho no es desmentido por el equipo de gobierno ni por el propio alcalde, no significa otra cosa que son partícipes, conscientes y, por tanto, responsables de los hechos denunciados.

El silencio cómplice del alcalde y compañía, propio de quien pretende vivir en una realidad paralela, igualmente muy bien retributiva, no va a ser obstáculo para que explique más pronto que tarde cuales son las verdaderas razones que justifican mantener en el cargo al encargado general sentenciado con cárcel y que en 2016 ganó más que el presidente del gobierno, que la presidenta de la Junta de Andalucía y que la presidenta de la Diputación de Cádiz, etc. como ya todos los sanluqueños saben y se escandalizan por ello en lo que ya se conoce como “el caso sueldazo».

A estas alturas, unos y otros deberían saber que ni las amenazas directas ni veladas pseudo mafiosas, ni calumnias contra los consejeros y concejales de IU y presiones contra militantes de IU, van a impedir que se siga denunciando estos hechos y exigir las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales en los órganos competentes.

Estos hechos no son circunstanciales sino que denotan una forma de gobierno donde impera el capitalismo de amiguetes, la compra de voluntades, gratificar silencios y de consolidar lealtades mediante injustificados dispendios retributivos con los dineros de todos los sanluqueños en una ciudad con las tasas de desempleo, de pobreza y de población en riesgo de exclusión social más alta de todo el país.