La portavoz municipal de la formación, Carmen Álvarez Marín, desgrana el paquete de medidas sociales que se incluye en este documento que ha sido elaborado para mejorar la vida de la ciudadanía
01/04/2020 – Izquierda Unida Sanlúcar sigue desvelando el contenido del documento con el que quiere construir un frente de batalla frente a la propagación del COVID-19 en nuestra ciudad. El Plan de Acción Social, que ya está en la mesa del equipo de Gobierno, busca servir de catalizador para la mejora de la vida de los sanluqueños y sanluqueñas durante el transcurso de la alerta sanitaria y en el escenario que se vivirá cuando esta se acabe. Carmen Álvarez Marín, concejala y portavoz municipal de IU argumenta que con el bloque de medidas sociales de este plan “pretendemos que nadie se quede atrás, que nadie se quede sin atención en estos momentos tan duros que vivimos”.
La representante de IU insiste en que el paquete de medidas sociales elaborado por su formación es el bloque más importante, el que más medidas contiene y el de mayor calado entre la ciudadanía. “En primer lugar, tenemos que reforzar el personal en áreas que atienden directamente a personas de colectivos en riesgo como residencias de mayores y personas con discapacidad, así como empleados y empleadas de limpieza, trabajadores de la recogida de basuras, desinfección… Para ello, habrá que articular la puesta en marcha de bolsas de empleo para la incorporación provisional de personas que estén en disposición del título acreditativo”, aclara Álvarez Marín, para quien también debe haber una “fiscalización y control de las subcontratas del Servicio de Ayuda a Domicilio que actualmente realizan las empresas adjudicatarias”.
La edil de la formación izquierdista explica que en el Plan de Acción Social también se articulan soluciones habitacionales para personas sin hogar. Para ello, según detalla “en su día ya propusimos como posibles alternativas el Centro de Alzheimer aún no inaugurado, las viviendas vacías del cuartel de la Guardia Civil, la Residencia del Picacho, la Casa de Verano La Milagrosa dependiente de la Diputación de Sevilla, hoteles, Polideportivo…”. El Consistorio también debe procurar soluciones habitacionales para familias con pocos recursos que estén en peligro de perder su residencia. El documento exige la resolución de los expedientes que llevan de retraso más de 18 meses para obtener la ayuda de la Renta Mínima de Inserción para familias en riesgo de exclusión social y desempleados de larga duración y las puesta en marcha de los nuevos expedientes con las actuales circunstancias económicas originada por el COVID-19.
En otro orden de cosas, el Plan pone su foco de interés en dos colectivos importantes. En primer lugar, las mujeres víctimas de violencia machista, sobre las que hay que “intensificar la atención manteniendo el contacto directo con ellas a través de vía telefónica y en caso de un posible escenario de violencia, que haya presencia policial en el domicilio”, y por otro lado, IU también pide que Servicios Sociales procure la protección de menores con padres separados.
Carmen Álvarez piensa que “el Ayuntamiento debe invertir la totalidad de lo presupuestado en Servicios Sociales e incrementar las partidas para atender situaciones de exclusión, con ayudas para alimentos, suministros energéticos, etcétera. Y por supuesto, aumentar la plantilla de trabajadoras sociales y de Administración de esta Delegación que ya se encontraba desbordada, ahora más con esta crisis sanitaria, económica y social. Incluso si hay partidas en otras áreas se quedan sin gastar, que se deriven, mediante modificaciones presupuestarias a Servicios Sociales”. Desde IU solicitan una gran inversión en el área de los Servicios Sociales, explica Carmen Álvarez con “la implantación de un Programa Extraordinario de Asistencia Social para familias en riesgo de exclusión, reforzando la actual plantilla de este área e incrementando la partida presupuestaria mediante las transferencias de crédito oportunas y las ayudas que lleguen del Estado o de la comunidad autónoma para que nadie se quede detrás”.
Entre otras medidas, el Plan de Acción Social que IU ha puesto al servicio de la ciudad establece por ejemplo, que se posibiliten soluciones alternativas de abono para que las familias que tengan cuentas embargadas no se queden sin cobrar la Ayuda Social Mínima; que los migrantes en situación irregular sean atendidos en las mismas condiciones que los nacionales, tanto desde el punto de vista sanitario como social o que se permita el pago del IRPF mensual a aquellas mujeres que por restarles unos años de cotización, no les corresponde pensión al llegar a los 65 años. Finalmente, hay dos peticiones al Gobierno central: que busque el consenso necesario para firmar un Pacto de Sanidad que incluya la preservación del sistema público de salud e inversiones importantes en materia de investigación e instar al Ejecutivo a que instaure la pensión mínima en los 1.080 euros.