Para IU, la vivienda debe cumplir una función social y no una función meramente especulativa.
Para IU, la vivienda debe cumplir una función social y no una función meramente especulativa. La problemática que vivimos en el país, derivada de la crisis del capitalismo y las estafas perpetradas por los capitalistas, ha provocado en torno a 400 mil desahucios en el conjunto del Estado desde 2007. En Andalucía unos 86 mil.
Es por esto que IU ha impulsado este Decreto-Ley en defensa de la función social de la vivienda, a propuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por nuestra compañera Elena Cortés, en el que se consagra la vivienda como derecho protegido, dando un giro radical en la forma de concebirla, combatiendo su concepto como mera mercancía, pasamos de la vivienda como mercancía, a la vivienda como derecho.
Igualmente da respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social, económica y habitacional en un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas. Apuntando directamente a los culpables de la crisis en beneficio de sus víctimas.
Este Decreto-ley esta concebido como un “plan de choque para frenar la sangría social» que suponen los desahucios, con medidas como la Expropiación Temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas a las personas jurídicas (bancos, filiales, entidades de gestión….) que estén en proceso de ejecución o hayan sido embargadas a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas y no tengan alternativa habitacional.
Del mismo modo, establece Sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos, inmobiliarias) que tengan viviendas vacías, así como, Incentivos al alquiler para personas físicas: aseguramiento de los riesgos que conlleva el arrendamiento, garantizando el cobro de la renta y el arreglo de eventuales desperfectos; medidas fiscales que determinen las respectivas Administraciones; subvenciones que serán recogidas en el próximo Plan de Vivienda. El Decreto-Ley no comporta en ningún caso sanciones a personas físicas por tener viviendas vacías.
Para e lportavoz municipal de IU, las políticas públicas deben estar al servicio del interés general y con el objetivo de regular desde lo público el mercado del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda de quienes necesitan una vivienda y no pueden acceder a la propiedad mediante una hipoteca perpetua.
El Decreto-Ley es plenamente garantista y arbitra un procedimiento contradictorio que garantiza la seguridad jurídica de sus actores en tanto que deja fuera a las residencias secundarias, las residencias de recreo y Las viviendas reguladas por la legislación turística.
El Decreto-Ley tiene un potente anclaje jurídico en la Declaración Universal de los DDHH, en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, en la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo…
El objetivo es hacer aflorar el máximo número posible de las 700.000 – 1.000.000 de viviendas vacías y se suma a una amplia batería de medidas puestas ya en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda, desde la llegada de IU al gobierno andaluz, y que pretenden paliar la situación de emergencia que se vive en Andalucía y arrebatar la regulación del derecho a la vivienda a los mercados para la soberanía andaluza.
A diferencia de otros gobiernos de ayuntamientos, autonómicos o el gobierno central, IU no solo da estricto cumplimiento a su programa estableciendo una serie de medidas concretas que garanticen esta función social, sino que además impulsa medidas de izquierda real allá donde gobierna.
Sanlúcar esta especialmente afectada por esta lacra social de los desahucios debido a su enorme desempleo y a su cada vez más evidente pobreza, que desde el equipo de gobierno PSOE-CIS poco o nada se ha hecho para paliar los desahucios facilitando el acceso una vivienda digna, recordemos que en seis años de gobierno no se ha construido una sola vivienda de promoción pública ni de carácter social en la ciudad.
Por ello, ha resultado especialmente poco creíble que la alcaldesa, Irene García, y el responsable local de su partido, Víctor Mora, les han faltado tiempo para aplaudir y hacer suyo el decreto-ley impulsado por IU.
Para Rafael Terán lo cierto es, que en nuestra ciudad están gobernando con la derecha y al mejor estilo de la derecha, es decir, con falta de transparencia, perpetrando recortes en los servicios municipales, privatizando servicios, subiendo escandalosamente los impuestos, recortando derechos laborales a los empleados municipales, todo ello con desmanes autoritario haciendo uso de los decretos y, para colmo, disuelve la empresa municipal de la vivienda EMUVISAN, despidiendo y dejando en la indefensión a sus trabajadores.