La arquitectura institucional de la Unión Europea goza de las competencias que los Estados miembros han deseado otorgar a través de los Tratados.
La arquitectura institucional de la Unión Europea goza de las competencias que los Estados miembros han deseado otorgar a través de los Tratados. Los tratados así como todo el acervo comunitario han desarrollado esta gran máquina tecnocrática que escasamente permite la participación de los ciudadanos europeos en el proceso de la toma de decisiones.
Sin embargo, el capital europeo, ávido de beneficios inmediatos debido a la crisis económica, está violando esta misma estructura institucional, dotándose de nuevos instrumentos ad-hoc, para extraer la riqueza de los países, e imponer su modelo de subdesarrollo al sur de Europa. Estos nuevos instrumentos no están respaldados por norma comunitaria alguna, y simplemente asistimos a cómo los poderes económicos ejecutan y las instituciones sancionan a posteriori las decisiones tomadas a través de procedimientos antidemocráticos. Esta es la crisis del modelo democrático de la UE que está pasando de un déficit a una absoluta dictadura de los mercados.
La UE siempre ha priorizado el desarrollo del mercado común europeo, ese es el verdadero motivo de la existencia de la UE, no la UE social, ni política. La política social ha estado ausente en todo el proceso de construcción europea, se ha dejado a merced de los Estados. Por ello, en parte la UE ha comenzado a ser percibida por los ciudadanos como parte de los problemas y no como parte de las soluciones.
Todo el proceso de construcción europea ha sido con el beneplácito del bipartidismo europeo que ha estado de acuerdo en todos y cada uno de los tratados. Su estructura institucional ha impuesto golpes de Estado como la reforma del artículo 135 de la Constitución (aprobada por PP y PSOE) por mandato del Tratado de Estabilidad (o Pacto Fiscal) para priorizar el pago de la deuda.
Parlamento Europeo, esta cámara no ha sido nunca una verdadera cámara de representación de la ciudadanía. No tiene iniciativa legislativa y además el Parlamento no puede escoger al poder ejecutivo de la UE, que es la Comisión Europea, cuyos presidente y vicepresidente, Durao Barroso, del Partido Popular Europeo y Joaquín Almunia (PSOE), lo son gracias a los votos de PP y PSOE.
Además, la Troika, un triunvirato de prestamistas (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) bajo el cual se encuentra el destino de muchos ciudadanos y de varios países
Enteros y que ha existido en diferentes momentos de la historia, actuando como administración técnica o poder interino, carece de toda legitimidad democrática puesto que carece de base legal, y en su defecto obedece más a las normas financieras del derecho mercantil que a las disposiciones del derecho europeo.
La Troika es el arranque de los programas de rescate a rescates europeos. Visita regularmente los países rescatados para proponer las medidas de ajustes y recortes, para garantizar que sean devueltos los recursos financieros otorgado a los países «rescatados».
En mayo de 2010 los ministros de finanzas de los entonces 16 países de la eurozona se reunieron de urgencia para acordar un rescate de 110.000 millones de euros a Grecia. La Troika es, en la práctica, quien trabaja sobre el terreno, verificando los presupuestos, los balances e imponiendo recortes y reformas a los países intervenidos.