La contaminación del aire de Sanlúcar por los episodios de picos de concentración de ácido sulfhídrico por encima de lo admisible en los aledaños de la Depuradora de las Piletas se sigue produciend
La contaminación del aire de Sanlúcar por los episodios de picos de concentración de ácido sulfhídrico por encima de lo admisible en los aledaños de la Depuradora de las Piletas se sigue produciendo. Esta misma madrugada se han vuelto a registrar cantidades que, incluso, triplican lo legalmente permisible, según los datos ofrecidos por la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Por ello, sorprende que el Gobierno Municipal del PSOE y el CIS comunique que desde el principio de los incidentes el Ayuntamiento se puso en contacto con la empresa concesionaria Aqualia para tomar las medidas correctoras necesarias a fin de evitar estas contaminantes y muy molestas emisiones de ácido sulfhídrico. Y lo dice dos semanas después de que la Junta diera a conocer sus primeros análisis preocupantes, precisamente cuando lo ha denunciado IU.
El comunicado del Equipo de Gobierno, lejos de tranquilizar a los ciudadanos, ha aumentado su inquietud e indignación. Ya que, ante la continuidad de las emisiones y ese comunicado oficial, sólo cabe pensar dos cosas: una, que no han hecho nada y, por tanto, han mentido a la opinión pública sanluqueña, lo que sería un hecho gravísimo; y otra, que las supuestas medidas correctoras dispuestas no han servido de nada, lo cual pondría de manifiesto una ineptitud absoluta a la hora de abordar con responsabilidad tan grave problema medioambiental y de salud pública.
Ambas posibilidades indignan e intranquilizan a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que tienen fijada su residencia en las cercanías de la Estación Depuradora.
IU ha consultado a técnicos competentes en la materia y nos dicen que las emisiones de gas sulfhídrico de la Depuradora no sólo se deben a problemas o deficiencias estructurales de la estación, sino también, y fundamentalmente, a problemas procedimentales en la inhibición de la producción de estos gases, que requiere inversiones por parte de la empresa Aqualia, algo que el Ayuntamiento, al parecer, no está dispuesto a obligarle a hacer, por la razón que todos podemos intuir.
Por otra parte, la negativa municipal de crear una comisión formada por todos los partidos políticos y agentes sociales de Sanlúcar para entrevistarse con la Junta de Andalucía al objeto de buscar soluciones a corto, medio y largo plazo sobre el traslado de la Depuradora, sólo se explica por la poca intención política de transparencia que el Gobierno del PSOE y el CIS tiene en este asunto, como en muchos otros temas. Esto nos lleva a pensar en IU que si el Equipo de Gobierno no quiere dar participación a los partidos políticos y los agentes sociales en la búsqueda de soluciones a esta problemática es que puede que tenga algo que ocultar.