IU en el pleno municipal, en el parlamento andaluz y en el Congreso de los Diputados no escatimará esfuerzos para buscar soluciones al drama social de cientos de familias imposibilitadas de acceder a una vivienda digna.
2/02/2018.- La inhibición y desinterés de Víctor Mora y compañía de dar solución a la gran demanda de viviendas sociales en la ciudad y ante la indiferencia que muestra ante los desahucios negando alternativa habitacional a las familias desalojadas, así como la incapacidad de la Oficina Municipal de la Vivienda de conseguir acuerdos con los bancos para que pongan las viviendas vacías a disposición de las familias demandantes de viviendas sociales mediante alquiler social, IU ha decidido solicitar directamente a la Junta de Andalucía que ofrezca pisos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), ejecutando para ello en Sanlúcar el convenio suscrito entre la administración autonómica y la citada sociedad en junio de 2016, por el cual se compromete en poner a disposición de familias demandantes viviendas de propiedad de dicha entidad.
Del mismo modo, ante esa misma inhibición, desinterés e indiferencia, IU ha decidido promover en el Congreso de los Diputados un convenio con la Guardia Civil para utilizar como viviendas públicas, los pisos sin uso de la casa cuartel de la ciudad, tal como IU propuso que se gestionara desde el ayuntamiento en una moción presentada hace unos meses.
Tal como se hizo en 2017, IU propondrá la inclusión de una partida en los presupuestos municipales de 2018 para que se pueda construir al menos 100 viviendas sociales y un sustancial aumento de la partida destinada para alquileres sociales.
La incompetencia del alcalde del PSOE, Víctor Mora, solo es comparable a la falta de empatía de la que hace gala ante los graves problemas sociales de la ciudad, graves problemas en gran medida consecuencia de sus políticas, ya que en más de 10 años en el gobierno de la ciudad, no solo ha sido incapaz de construir una sola vivienda social, sino que decidió disolver la empresa municipal de la vivienda, cerrando de esta manera la posibilidad de gestionar suelo para que otras administraciones puedan construir en la ciudad viviendas de estas características.