Ya en Sanlúcar a pocos ciudadanos les queda la duda de que Aqualia ha estado cobrando irregularmente a miles de sanluqueños durante los años 2012 y 2013 y lo que va de 2014.
Ya en Sanlúcar a pocos ciudadanos les queda la duda de que Aqualia ha estado cobrando irregularmente a miles de sanluqueños durante los años 2012 y 2013 y lo que va de 2014. Por una parte, cobrando en los recibos por contadores de calibre de 15mm cuando en realidad son de 13mm y, por otra, subiendo las tasas de alcantarillado y depuración por encima de lo estipulado en la normativa vigente.
IU Sanlúcar ha presentado varios escritos ante el ayuntamiento y ante Aqualia denunciando estos hechos, sin que el PSOE de Víctor Mora ni el CIS de Juan Marín hayan hecho nada para que Aqualia restablezca la legalidad y devuelva lo cobrado de más en los recibos a los usuarios afectados, que son prácticamente todos los sanluqueños titulares de contratos. Tampoco Aqualia, en un ejercicio absoluto de desprecio a los sanluqueños, se ha manifestado en ningún sentido, amparándose en la impunidad que le otorga la actitud permisiva de Víctor Mora y Juan Marín, desde que se privatizó la gestión municipal del agua.
Ante esta inadmisible actitud de unos y otros, IU Sanlúcar no va a quedarse quieto admitiendo este estado de cosas, va a seguir informando y animando a los sanluqueños a que reclamen, ya que esta es la mejor manera de hacer valer sus derechos, sobre todo cuando quién debe velar por sus intereses se están inhibiendo de forma vergonzosa e inaceptable.
Dado que el ayuntamiento no está y no se le espera, IU Sanlúcar va a poner en manos del organismo competente de la Junta de Andalucía todo este asunto para que en orden de las competencias propias intervenga en defensa de los derechos e intereses de los usuarios, con independencia de llevar este fraude permitido por el gobierno local del PSOE-CIS a otras instancias donde se puedan depurar las responsabilidades de cualquier índole tanto de la empresa concesionaria Aqualia como las propias de los responsables políticos, que han permitido por acción u omisión que se produzcan estos graves hechos en un servicio municipal esencial que nunca debió ser privatizado.