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Mientras que el delegado municipal de deportes se daba un baño de masas al mejor estilo populista en la piscina municipal cubierta con motivo del Torneo Tiburones el pasado jueves 28 día de Andalucía, la empresa concesionaria del servicio en dicha piscina está llevando a cabo rebajas salariales y cambios en las condiciones laborales y despidos.

 

Que duda cabe que la empresa concesionaria del servicio retoma sus pretensiones de expediente de regulación de empleo porque cuenta con la aquiescencia del equipo de gobierno PSOE-CIS.

 

A IU le constan fehacientemente que tanto la alcaldesa como el delegado municipal de deportes ya saben que esta empresa concesionaria está acometiendo estos recortes laborales y despidos entre sus trabajadores incumpliendo el pliego de condiciones por el cual se hizo cargo del servicio. Esto quiere decir que ambos son cómplices necesarios de este atropello.

 

En una ciudad con cerca de más de 1300 sanluqueños desempleados, no es de recibo que se permita estas medidas a una empresa concesionaria de un servicio municipal, máxime cuando no hay ningún motivo que lo justifique en cuanto a la rentabilidad del mismo, salvo la intención de aumentar los beneficios, precarizando las condiciones laborales de los trabajadores que seguramente conllevaran una merma en la calidad del servicio que se comprometieron a cumplir.

 

Una vez más se comprueba que la alcaldesa y su acolito Juan Marín hacen dejación de la defensa de los intereses generales de la ciudad, permitiendo unas medidas por la empresa concesionaria que solo busca el rápido beneficio a costa de los condiciones laborales y de la calidad e integridad del servicio que se venía prestando.

 

Ambos deben explicar si ha habido cambio respecto a la empresa que gestiona los servicios en la piscina cubierta y si es así como se ha podido hacer sin abrir un nuevo proceso público de adjudicación. Nos preguntamos por qué el equipo de gobierno muestra tanta opacidad y tan poca transparencia en todo lo concerniente con las empresas concesionarias de servicios municipales.

 

IU exige a la alcaldesa que obligue a la empresa que consta en el acuerdo de concesión o a la que actualmente presta los servicios a cumplir con el pliego de condiciones e impida que se lleve a cabo los despidos y las modificaciones en las condiciones laborales de sus trabajadores en cuanto a salarios y horarios, así como que se garantice la integridad y la calidad del servicio que venía prestando.