Los silencios de la Alcaldesa, Irene García, respecto a todo lo que tiene que ver con Aqualia son muy significativos.

Los silencios de la Alcaldesa, Irene García, respecto a todo lo que tiene que ver con Aqualia son muy significativos. Aún estamos esperando respuestas sobre por qué no ha establecido control alguno sobre la  empresa concesionaria en el ejercicio de sus labores.

 

IU nuevamente ha obtenido datos que vienen a dar luz sobre esta oscura forma de proceder de la alcaldesa con respecto el servicio privatizado del ciclo integral del agua. Al parecer, la empresa concesionaria en los últimos meses esta trasladando trabajadores que venían realizando sus trabajos en la EDAR de la Piletas a Jerez. Ese hecho representa, por una parte, una importante disminución de la calidad del servicio que se viene prestando, que se corrobora con el aumento de quejas de sanluqueños respecto al mismo y, por otra parte, un flagrante incumplimiento del pliego de condiciones que se aprobó cuando se privatizó el servicio.

 

Cabe preguntarse, lógicamente ¿por qué Irene García desde el ayuntamiento permite la arbitrariedad con que está actuando la empresa concesionaria Aqualia?

 

En los silencios y la inacción de la alcaldesa puede que esté la respuesta y todo ello nos lleva a creer en la presunta existencia de un pliego de condiciones oculto, que es el que sigue a pie juntilla la empresa concesionaria con la posible aquiescencia de la regidora de la ciudad. 

 

El ayuntamiento de Jerez pretende privatizar,  hecho que rechazamos, durante 25 años, con la oposición frontal del PSOE jerezano, el servicio integral del agua por valor de 80 millones de euros, aproximadamente. Si Jerez tiene el triple de población que Sanlúcar eso quiere decir, si las matemáticas no engañan, que el servicio del ciclo integral del agua en nuestra ciudad debió concederse por valor de una tercera parte de 80 millones, es decir, unos 26,6 millones de euros. Como todos sabemos la cantidad obtenida por la concesión durante 25 años en nuestra ciudad fue de 16´5 millones de euros.

 

Por tanto, cuanto menos en la operación de privatización en Sanlúcar hubo una pésima negociación de la que a juzgar por los hechos los únicos perjudicados están siendo los sanluqueños que tienen un servicio peor y mucho más caro. El resultado de esta pésima negociación, ya sea por incapacidad o negligencia, podría justificar los silencios y la inacción de la alcaldesa con todo lo que respecta al Ciclo Integral del Agua y la impunidad con que parece proceder la empresa concesionaria Aqualia.

 

IU insta, de nuevo a la Alcaldesa, Irene García, a que dé respuesta a todas estas dudas que se cierne sobre su actitud respecto al servicio integral del agua en nuestra ciudad.