Uno de los objetivos de los planes de ajustes impuestos por la Troika (BCE, FMI y Comisión europea) es la recomposición de la tasa de ganancia del capital mediante reformas estructurales que dinami
Uno de los objetivos de los planes de ajustes impuestos por la Troika (BCE, FMI y Comisión europea) es la recomposición de la tasa de ganancia del capital mediante reformas estructurales que dinamitan las anteriores instituciones políticas y económicas heredadas del Pacto Social de Posguerra. Es decir, dinamitar el Estado de Bienestar.
La privatización de los servicios públicos, como la privatización del ciclo integral del agua llevada a cabo por el PSOE de Irene García y Víctor mora y Ciudadanos Independientes de Juan Marín, está siendo un proceso de acumulación por desposesión, (desposeyendo a las personas de la garantía de sus derechos, mermando los servicios públicos) en el que aumenta el mercado del capital en espacios que hasta ahora eran ajenos al negocio privado. Aún estamos en una fase incipiente de estos desarrollos propulsados por el proyecto neoliberal y se puede y debe frenar en muchos países, entre ellos el nuestro.
IU se ha opuesto a ello firmemente desde la propia Directiva Bolkestein (directiva de liberalización de servicios) que dio soporte a este proceso de privatizaciones. Defendemos la universalidad de estos derechos y que se gestionen como servicios públicos.
Frente a legislaciones que pretenden hacer de la educación un negocio y además dárselo a las confesiones religiosas: Defendemos una educación pública europea de calidad: gratuita, igualitaria, coeducativa, laica, equitativa, intercultural, inclusiva y democrática.
La crisis ha empeorado la salud de la población europea y aumentan las necesidades de salud con privatizaciones. Defendemos que la salud es un derecho y debe garantizarse de forma universal, gratuita y pública.
Para IU la protección social es una responsabilidad pública, por lo que los derechos sociales básicos deben estar garantizados en todos los estados miembros como derechos subjetivos y tener como soporte un sistema público de atención. Como base de esa política, se articulará una Carta de Derechos Sociales, como desarrollo de la Carta de Derechos Fundamentales.
El estallido de la burbuja inmobiliaria continúa generando en los pueblos del sur de Europa consecuencias atroces. La estafa hipotecaria está generando una vulneración sistemática de derechos fundamentales, con su cara más dramática en los desahucios y en el sobreendeudamiento de las familias. Dejar el derecho a la vivienda al arbitrio del mercado destruye este derecho y no supone una actividad económica sostenible ni generadora de empleo estable. La vivienda es un derecho fundamental que debe ser garantizado y protegido por las administraciones públicas.